Ni agenda, ni decreto

El consumo de alucinógenos produce una distorsión de la realidad, pero generalmente le hace a uno feliz. Debe ser por eso que la oposición progresista de Canarias acusa al Gobierno Guanche de Clavijo de utilizar en exceso los decretos, pasando del Parlamento como órgano de representación de la soberanía popular. Me imagino el lote y las carcajadas del equipo encargado de elaborar el argumentario, pensando en Pedro Sánchez, sus tres años sin presupuestos generales y la ristra de decretos, ómnibus y pedibus, que salen de Moncloa, como en una factoría de chinchetas.

Desaparecida la migración, como exponente de hasta qué punto el Estado pasa de esta región, vamos hacia el Decreto Canarias, que es el compendio de todas las ambiciones del Archipiélago. Pedro Sánchez aceptó, el año pasado, negociar ese decreto una vez fuera elaborado. Pero para los socialistas canarios es ácido sulfúrico: no pueden estar a favor de algo que puede convertirse en un éxito para el actual Gobierno. Así que les ha faltado tiempo para desmarcarse.

La Agenda Canaria fue un paquete de medidas puntuales pactadas en su día entre Canarias y Madrid. El nuevo Decreto es parecido, pero con más pasta. Considerando que la primera no se ha cumplido, pese a ser aceptada por Moncloa, tener esperanzas de que se apruebe el segundo hace sospechar de que se está generalizando el consumo de droga dura.

Lo que se va a exhibir ante la ciudadanía de esta tierra, por si aún no lo tuviesen claro, es que Sánchez es perfectamente capaz de tocarse la punta de los pies con la nariz cuando se trata de ser flexible con Cataluña o País Vasco, pero que se sigue pasando por el arco del triunfo lo que le viene de otras autonomías. De donde aún gobiernan los suyos, porque ya no son exactamente suyos. Y de las otras, porque son del enemigo.

Si el comportamiento peninsular con los menores migrantes ha sido deleznable, ahora nos queda ver el espectáculo de equilibrismo de un ministro canario, atrapado entre Guatemala y Guatepeor. Ángel Víctor Torres tendrá que defender que es posible condonar la deuda de los catalanes, cambiar el Sistema de Financiación de las Autonomías (imponiendo uno pactado con Esquerra Republicana) y aprobar la deriva hacia la soberanía fiscal de Cataluña, pero que en el caso de Canarias aspirar al reconocimiento de los déficits de financiación, asumir los sobrecostos de la insularidad y aplicar políticas especiales contra la pobreza son asuntos que pertenecen a la próxima legislatura. Tiene más mérito que torear un miura con un pañuelo para los mocos.

El Decreto Canarias es un intento de cristalizar, más allá de la Ley del REF, las singularidades de esta región ultrapuñetera y lejana. Plantea, entre otros asuntillos, aumentar un 60% los salarios de los gomeros y los herreños –los palmeros ya lo tienen– a través de una reducción fiscal permanente a las rentas del trabajo. La pena es que no se solicite para toda Canarias. O que no se pida soberanía fiscal, para poder legislar aquí sobre la riqueza que se obtiene en las Islas y se externaliza. Pero todo llegará, aunque a Canarias todo llegue tarde. La oposición, al oponerse, se equivoca. Tal vez por eso sea oposición.

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