Consultoría global

Tienen razón los que aseguran que la noticia de que el ex presidente Rodríguez Zapatero cobró hasta 450.000 euros por una supuesta “asesoría global” vinculada a la aerolínea Plus Ultra, recatada por el Gobierno de Sánchez con 53 millones (más o menos cobró el uno por ciento de ese rescate) no prueba, por sí sola, la comisión de delito alguno. Pero sí descubre la profunda incompatibilidad ética entre ejercer de asesor privilegiado de gobiernos y empresas, y aparecer al mismo tiempo en decisiones públicas que afectan directamente a esas mismas empresas.

75.000 euros brutos al año durante seis ejercicios no es una cantidad baladí, ni un ingreso accesorio, ni una alegría contable de una empresa en gravísimas dificultades económicas, finalmente rescatada con una inyección de 53 kilos de dinero público. Zapatero reconoce una relación económica estable, sostenida en el tiempo, no estamos ante una conferencia aislada, un informe puntual, sino ante un vínculo profesional continuado que coincide en el tiempo con dos hechos clave: el rescate público con 53 millones e Plus Ultra, una compañía aérea vinculada al entramado económico del bolivarianismo, y la contratación de la aerolínea por el Gobierno de Canarias para el transporte de mascarillas desde China, en plena pandemia. Zapatero niega haber intervenido ante autoridad alguna. Por supuesto, está en su derecho a defenderse alegando que fue un nefasto consultor. A cualquiera que contraten por esa pasta gansa para defender los intereses de una compañía en dificultades utilizaría su influencia personal. Zapatero quiere que creamos que Pedro Sánchez decidió regalar a Plus Ultra, con una mínima importancia estratégica en la aeronáutica comercial española, más de medio centenar de millones de euros, sin haber llegado a cruzar una palabra con él. Pues no sé, lo contratarían a Zapatero por medio millón para opinar sobre un cambio de logo de la compañía o sobre la necesidad de imponer un menú vegano en los tres aviones de Plus Ultra…

Pero la cuestión no es si levantó o no el teléfono para hablar con Sánchez o con Begoña, ni si firmó un papel con un informe diciéndole a su amigo Julio Martínez –el propietario de Plus Ultra con el que se reunió a escondidas un día antes de que la Policía entrara en las oficinas de la compañía- que esta podía estar en riesgo de ser intervenida por la UDEF.

La cuestión es más estructural y filosófica: ¿puede un ex presidente del Gobierno cobrar cantidades relevantes de una empresa o de su entorno mientras esa empresa depende de decisiones discrecionales del Estado? ¿Puede hacerlo sin que eso contamine éticamente el proceso de decisión pública? La defensa de Zapatero dice que sí, y se apoya en dos pilares: la legalidad fiscal y la naturaleza genérica de los servicios prestados. Zapatero dice haber declarado todo a Hacienda y haber prestado consultorías, informes geopolíticos, viajes y seminarios. Todo eso puede ser perfectamente cierto, casi nadie piensa ya que Zapatero sea tonto, más bien últimamente se piensa lo contrario. Pero incluso si ha declarado la totalidad de sus ingresos, eso no despeja las dudas, porque las dudas no son tributarias ni formales: son políticas y morales.

Durante años, Zapatero ha construido una posición singular en el ecosistema socialista español. No ocupa cargos, pero influye. No gobierna, pero intermedia. No decide oficialmente, pero accede donde otros no pueden llegar. Su papel como negociador con el régimen bolivariano, su relación fluida con altos cargos venezolanos, su capacidad para abrir puertas en contextos donde el Estado español tiene dificultades diplomáticas, lo han convertido en un activo valioso para empresas que operan en zonas grises del sistema internacional. Y Plus Ultra es un buen ejemplo. Una aerolínea pequeña, de capital venezolano, con problemas financieros serios y con una dependencia crítica del Gobierno español para sobrevivir. Que esa compañía recurriera a un consultor conseguidor muy bien conectado en Caracas y Madrid, y que ese fuera durante años el ex presidente español, y que cobrara por “asesoría global” no es un detalle menor. Es el corazón del asunto. Porque cuando luego aparecen decisiones públicas extraordinarias -un rescate millonario, una contratación urgente, un trato de favor- la frontera entre lo privado y lo público se vuelve peligrosamente difusa. No hace falta una orden expresa: basta con la cercanía, la capacidad de sugerir, orientar, y explicar. El poder, en estos nuevos tiempos, rara vez deja huellas dactilares. Zapatero insiste en que no intervino en nada de nada, pero hay otros, como los procesados Ábalos o Aldama, que sostienen lo contrario desde hace meses, bastante antes de que Zapatero reconociera por fin que ha cobrado una morterada de Air Europa. Puede que Ábalos y Aldama mientan, o que exageren. Pero no me negarán que el contexto hace verosímil la sospecha, y eso ya es un problema político de primer orden para quien fue presidente del Gobierno.

La reflexión que nos toca hoy, por tanto, no es si Zapatero cometió un delito -eso lo dirán los jueces, llegado el caso-, la reflexión es sí en política, todo lo que es legal es también decente. Y si todo lo indecente necesita de un juez para ser explicado.

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