Trenes, pensiones y regularización

Si lo que está pasando no fuera tan peligroso, el mundo sería muy interesante. Pero Trump –preocupado por sus elecciones de noviembre– está teniendo que hacer marcha atrás. En Groenlandia… y en Minneápolis. ¿España? Seguimos con un Gobierno con una acreditada falta de mayoría que le impide gobernar y una oposición fuerte, aunque fraccionada, que no logra la suma necesaria para echar a Sánchez.

¿Hasta cuándo? El accidente de Adamuz, con 45 muertes, es un duro golpe a la alta velocidad española. Y al Gobierno, que ya lleva más de siete años. Y gobernar, con una opinión pública cada día más estresada, siempre es complicado. Y lo de Rodalies –400.000 usuarios frustrados– también afectará al PSC, aunque Illa tiene la indulgencia parcial de que acaba de llegar y el problema se arrastra desde hace muchos años.

Más allá de Adamuz, el Gobierno perdió este martes la primera votación del año –relevante– sobre la revalorización de las pensiones. Una mayoría absoluta de 178 diputados (PP, Vox y Junts) votó en contra. Para el PSOE, una mayoría reaccionaria. Quizás, pero no por eso. Si el decreto tratara solo de las pensiones habría sido aprobado. Pero el Ejecutivo presentó un decreto ómnibus –vicio anterior a Sánchez– que tenía también un llamado escudo social contra los desahucios para proteger a «los vulnerables» (o a los que usan este paraguas). No con cargo al Estado, sino a los propietarios. Era previsible que el PP y Junts votaran en contra. Y se dieron el gusto de hacer morder el polvo a Sánchez.

Pero todo se arreglará. Con los 10 millones de pensionistas no se juega. El Gobierno hará otro decreto –no ómnibus– y el PP y Junts lo votarán. ¿Por qué, pues, el ómnibus cuando en las subvenciones al transporte público –otro decreto– el Gobierno reunió 179 votos –los de Junts incluidos– y el visto bueno (abstención) del PP? Porque Sánchez está montado sobre un gran lío. Necesitaba unir a las pensiones el escudo social por la presión de sus aliados de izquierda, aunque ya intuía que saldría derrotado y debería rectificar para revalorizar las pensiones con el IPC, su gran bandera.

¡Triste paradoja! Tener que perder una votación emblemática para contentar a los socios, para luego quedar obligado a la marcha atrás. Un inteligente socialista catalán (no antisanchista), me dice: «Creo que, a partir de ahora, para Sánchez todo van a ser malas noticias». Si, pero los datos de la EPA de 2025 –600.000 nuevos empleos, hasta el récord de 22,4 millones, y un paro que por primera vez desde el 2008 cae por debajo del 10%– no son una tontería. Y España crece cinco veces más que la Italia de Meloni. Pero el clima político –máxima polarización– hace que estos datos tengan menos eco que la renuncia de Ábalos –el hombre fuerte de Sánchez cuando la moción de censura– al acta de diputado.

Y el Gobierno ha aprobado un decreto de regularización de inmigrantes –no tiene que pasar por el Congreso– que puede afectar a más de 500.000 personas que, aunque sin papeles, ya están en España. La inmigración es imprescindible. De los 600.000 empleos creados en 2025, 258.000 (el 43%) fueron a inmigrantes. Y, sin ellos, tres comunidades (Aragón, Asturias y Navarra) no habrían podido cubrir los puestos de trabajo que necesitan.

Para Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y nada prosocialista, la regularización es por humanidad un imperativo moral. Y Sánchez-Llibre, presidente de Foment y vicepresidente de la CEOE, ya dijo en diciembre que para funcionar España necesita cada año más de 100.000 inmigrantes.

El PP, que en 2024 votó en el Congreso a favor de la iniciativa popular, ahora se opone. Y, cierto, la inmigración genera reacciones contrarias –ahí crece Vox–, y en Europa hay cierta marcha atrás, incluso en los países nórdicos. Pero en España ya hay 500.000 clandestinos. ¿Qué hacer con ellos?

Sánchez tendrá que hacer otro decreto –a gusto del PP– sobre las pensiones. Y Feijóo tendrá difícil oponerse mucho a una regularización que la Iglesia, la patronal y los sindicatos ven necesaria. Mientras, pendientes de si el PP y Vox acaban pactando en Extremadura. Y si en Aragón, Jorge Azcón –que ganó a Pilar Alegría el debate de TVE– dependerá o no de Vox para volver a ser investido.