Somos tan buenos

La regularización de cientos de miles de inmigrantes ha sido presentada como una acción benemérita del Gobierno al que ninguna persona decente puede ya no oponerse, sino sencillamente matizar. Es un obligado acto de justicia, un rosal del progresismo, un signo de nuestra insuperable salud moral, una medida laboral y fiscalmente salutífera, un impulso decisivo hacia la cohesión social. Pedro Sánchez tenía esto guardadito y lo ha sacado cuando más le convenía, porque el presidente no desaprovecha nada y sirve casquería propagandística con una bandeja en una mano y un reloj en la otra. Más de siete años para diseñar un modelo migratorio planificado en colaboración con las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos, y nada. Una regularización masiva por decreto y a correr, que el último apaga la luz. No se exige ni contrato de trabajo. Basta con que antes del pasado 31 de diciembre acredites cinco meses de estancia en territorio español y que no tienes «antecedentes penales relevantes».

Huummm. ¿Cuáles son los antecedentes penales irrelevantes?

¿Lo es el hurto leve o el menos grave, por ejemplo?

La misma cifra de medio millón de beneficiados es poco clara, bastante inconvincente, ¿De dónde sale? ¿Cómo se ha calculado? ¿Cuál es, según las autoridades gubernamentales, la geografía de la inmigración ilegal, que en más de un 80% de los casos procede de América Latina? Ni idea. Les trae sin cuidado. Despiojan unos cuantos paper para agavillarlos en un comunicado pinturero y difundir un conjunto de datos erróneamente presentados, mal interpretados, nada contextualizados. «He echado números con cierto cuidado», dice una nueva bestia negra para la izquierda, el profesor Jesús Fernández Villaverde, «y me sale que un inmigrante poco cualificado que nos llega con 18 años nos cuesta unos 200.000 euros». Es decir, los impuestos que paga el inmigrante (desde cotizaciones sociales hasta IVA) menos los gastos que genera (sanidad, dependencia, educación, subsidios, pensiones) desde esos 18 años hasta su muerte. Sale un poco más caro (sólo un poco) que un español con bajo nivel de estudios. Inicialmente, por supuesto, corre un flujo de pasta hacia Hacienda y la Seguridad Social y se produce un beneficio fiscal neto, que antes de una década empieza a esfumarse y que a los veinte años desaparece.

Como se prefiere la improvisación supuestamente buenista a la articulación de un modelo activo de inmigración no se realiza un estudio previo sobre el impacto de las regularizaciones en los servicios públicos, lo que se justifica porque «ya están aquí» y «desde hace mucho tiempo consumen recursos sanitarios y educativos», algo solo parcialmente cierto. Pedro Sánchez y sus corifeos disponen del suficiente cinismo como para incluir en este apartado a la vivienda, desde el supuesto disparatado de que, como se trata de inmigrantes hace años instalados en España, ya tienen un apartamento donde vivir. Es justo lo contrario: ese medio millón de personas aspiran a una casa propia o a un alquiler tolerable para su familia y forman parte sustancial de la demanda brutal sobre el mercado; no está a la vista la solución a la crisis habitacional, que solo se superaría con un gran programa de construcción de vivienda pública. Esta regularización bienaventurada, como las anteriores, solo entiende a los inmigrantes como ejército laboral en condiciones precarias y bajos salarios para el sector servicios. Sus expectativas de ascenso social resultan prácticamente nulas, compensando una deficiente integración con ghetos residenciales cada vez más consolidados. Sin duda ayudarán a crecer a una economía con una productividad entre baja y mediocre, escasas oportunidades a los emprendedores y muy poco redistributiva. También en Canarias, donde nos cuentan que la regularización podría superar las 40.000 personas. Cuando llegue la siguiente crisis y comienza a aumentar el desempleo y el déficit público podremos rodar la tercera parte de Holocausto caníbal.

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