Berrinche competencial

Los portavoces parlamentarios del PSOE y Nueva Canarias han anunciado que no asistirán hoy a la reunión convocada por Fernando Clavijo para recibir información sobre la redacción final de la propuesta a Madrid de real decreto de la Agenda Canaria, que incorporara las propuestas de los grupos. Alegan Franquis y Campos que la propuesta del Gobierno no incorpora la mayoría de sus peticiones.

Y es cierto. El enfrentamiento abierto en torno al proyecto de real decreto de Agenda Canaria es un conflicto absolutamente absurdo, construido sobre la pretensión de que el Gobierno de España incorpore en una norma estatal compromisos que, por definición, son competencia exclusiva del Gobierno de Canarias. Algo que no es una cuestión ideológica ni opinable, sino una obviedad jurídica que no se le escaparía a un estudiante de primero de Bachillerato.

El Gobierno regional se comprometió a remitir a Madrid un decreto con medidas de competencia estatal para atender la situación económica y social del Archipiélago, bloqueadas en buena medida por la prórroga de los Presupuestos del Estado de 2023. El objetivo parecía claro: conseguir que el Estado cumpliera con Canarias en materias que dependen de él –financiación, fiscalidad estatal, infraestructuras de interés general, compensación de sobrecostes, empleo, transporte, dependencia, energía o migración– y que llevan ya demasiado tiempo en el limbo presupuestario.

Ese era el marco. Sin embargo, PSOE y Nueva Canarias han planteado propuestas que, leídas con un mínimo de rigor, no piden más implicación del Estado, sino más acción regional: más gasto en vivienda, sanidad, educación, dependencia, políticas sociales, empleo, universidades o innovación. Es decir, pretenden que el real decreto incorpore una instrucción de Madrid para que el Ejecutivo regional –que sí aprueba sin problema sus presupuestos– la obedezca.

Es evidente que un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros no puede fijar obligaciones que corresponden a una comunidad autónoma, ni imponerle planes, partidas o reformas que son de su competencia exclusiva. No puede hacerlo jurídicamente, no puede hacerlo políticamente y no puede hacerlo sin quebrar el principio básico de distribución competencial que sostiene el Estado de las Autonomías y la Constitución en su título VIII. Pretender lo contrario no es una interpretación audaz del sistema, es desconocer sus límites. O violentarlos. En cristiano: Madrid no puede aprobar un decreto para obligar a Canarias a gastar más en vivienda pública, modificar su normativa social, reforzar su sistema sanitario o redefinir su política educativa. Eso no es centralismo ilustrado, es un disparate legal.

Y quienes ahora se rasgan las vestiduras conocen perfectamente esta realidad. Saben que las propuestas que han planteado encajarían –si acaso– en una proposición de Ley, una recomendación del Parlamento canario al Gobierno canario. Saben también que el Estatuto de Autonomía habilita al Gobierno regional a aprobar normas con rango de ley en situaciones de urgencia. Y saben que mezclar deliberadamente ambos planos solo sirve para embarrar el debate y desplazar el foco de la cuestión principal: qué es lo que le debe el Estado a Canarias y qué es lo que está dispuesto a cumplir.

Porque de eso iba la Agenda Canaria. No de diseñar un plan integral de transformación de Canarias –sea legítimo, necesario o debatible–, sino de exigir al Estado que asuma su parte: la financiación de la dependencia, la compensación de los sobrecostes de la ultraperiferia, la ejecución de convenios pendientes, el sostenimiento del transporte, el empleo, la reconstrucción de La Palma o la atención a la presión migratoria. La confusión de esos planos no es un error inocente, sino una forma escapista de no apoyar la aprobación del decreto y –sobre todo– de convertir un instrumento pensado para reforzar la posición de Canarias frente al Estado en un arma arrojadiza de política interna.

Si el decreto fracasa –yo creo que no saldrá de ninguna manera en esta legislatura– no será porque Madrid carezca de margen legal para poder actuar, sino porque desde Canarias la oposición ha querido encajar vía decreto responsabilidades que no le corresponden al Gobierno nacional. Paradójicamente, eso solo beneficia a quien prefiere que las medidas propuestas por Canarias fracasen... Es lo de siempre: convertir un debate técnico en más gresca política. La pregunta es si el PSOE y NC quieren reforzar la posición de Canarias ante el Estado o prefieren que la Agenda Canaria sea un campo de batalla doméstico.

Por cierto, nada impide al PSOE o a Nueva Canarias defender sus propuestas en el Parlamento, reclamar que el Gobierno de Canarias las asuma. Eso es política legítima. Lo que no es legítimo, sino risible, es fingir que Madrid puede exigirle a Canarias que cumpla el proyecto de la oposición parlamentaria, y además utilizar esa ficción como coartada para ausentarse del diálogo.

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