Y qué

Cada vez entiendo menos lo que nos ocurre. Llevo días escuchando a partidarios y adversarios de la responsabilidad política del ministro de Transportes. Sinceramente, después de conocerse el informe preliminar de la comisión de investigación el ministro Oscar Puente debería dimitir. Su responsabilidad de política ya ex inexcusable. Esta claro que se cometió un error técnico grave a partir de la soldadura del punto de unión de dos carriles (tramo viejo y tramo renovado). Por mala ejecución o por falta de inspección la mala praxis profesional de Renfe y Adif es obvia. Las responsabilidades penales y civiles que se deriven de la mortífera chapuza exigirán más explicaciones, pero no la situación del ministro. El ejercicio de la política es duro y a menudo ingrato. De repente tu próspera carrera se va al infierno por algo que, en rigor, ni has hecho ni has dejado de hacer. Lo relevante es lo no debió ocurrir bajo tu dirección política: 45 muertos y un centenar de heridos, varios de ellos graves. En general Puente no ha sido un buen ministro de Transportes, aunque en los últimos cuarenta años los ha habido peores. Renfe se ha convertido –entre otras cosas– en sinónimo de impuntualidad y Adif en una agencia de contrataciones, a veces a cuatro patas. Casi inmediatamente después de la catástrofe de Adamuz a un tren de cercanías de Barcelona le cayó encima un muro de contención y falleció un maquinista. La red de cercanías se vino abajo en un perfecto caos y todavía no se ha normalizado plenamente su funcionamiento. Decenas de miles de ciudadanos no han podido moverse al trabajo, al médico o al colegio de sus hijos durante días. Asimetría de responsabilidades y prioridades: para los independentistas catalanes (singularmente ERC) el desorden en rodalías justifica pedir la dimisión del señor ministro. Para la izquierda (Sumar, Podemos et alii) o no es el momento o no lo será nunca. Lo que quieren es toda la información técnica disponible. Lo cierto es que por muy abundantes que sean los elementos técnicos de la información el origen básico de la catástrofe ya se perfila como lo suficientemente claro. El establecimiento de nuevos detalles (¿se hizo bien, mal o regular la soldadura?) no exonerará de responsabilidad legal a los responsables de Renfe y Adif ni de responsabilidad política a Óscar Puente. Existe una teoría (la llamada ‘teoría de la agencia’) que explica perfectamente la congruencia de la responsabilidad política. Establece una cadena de delegación con cuatro eslabones: de los votantes a los representantes elegidos, de los legisladores al jefe de Gobierno, del jefe de Gobierno a los ministros y de los ministros a los altos cargos en la administración o en las empresas públicas. Puente designó y confió en los responsables de Renfe y Adif y conoció y avaló sus decisiones en materia de inversiones, pautas organizativas y gasto en mantenimiento y seguridad de acuerdo con una planificación supuestamente rigurosa y eficaz. Cuando no es que se produzcan averías y retrasos y mal trato generalizado hacia los usuarios, sino que decenas de ellos encuentran la muerte en sus vagones, el responsable político no se puede escabullir ni se le puede proteger proclamando que «ha dado la cara». Pues solo faltaría que Puente se fuera a jugar al golf o al tute en medio del horror. La degradación de la dación de cuentas queda demostrada cuando vemos que un ministro rebosante de empatía admite entrevistas y comparece ante la prensa («sin límite de preguntas» según los más babosos) es jaleado poco menos que como un héroe.

Sí, cada vez entiendo menos, pero tampoco me asombro más. En Canarias, por ejemplo, y a través de una operación fraudulenta que solo pudo realizarse con complicidades en el Servicio Canario de Salud, se robaron cuatro millones de euros del erario público durante la pandemia del covid. Nadie ha admitido posteriormente ninguna responsabilidad política en esta miserable trapacería. Los cuatro millones desaparecieron como en un truco del gran Juan Tamariz. Nada por aquí, nada por allá y tachaaaaam, la pasta desaparece. En esos días morían a diario cientos de personas en Canarias y en España. Y qué.

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