Un accidente no tan extraño

Es pronto para aventurar las causas concretas –aunque todo apunta a que se ha debido a un fallo en las vías– del accidente ferroviario producido en Adamuz, Córdoba.

Lo primero es volcarse de manera respetuosa, compasiva y diligente con las víctimas, sus familiares y con los heridos. Pero, dicho esto, y al mismo tiempo, necesitamos saber qué ha sucedido y por qué.

Ojalá en esta tragedia no se sigan los pasos que una parte de la izquierda de este país siguió –y aún mantiene con la Dana– en otras catástrofes donde, al parecer siguiendo directrices como las de Pablo Iglesias, partidario de politizar el dolor social como herramienta política, se dedique a instrumentalizar de manera nauseabunda esta tragedia y a buscar culpables en el bando contrario.

Claro está que esta vez lo tienen difícil.

Necesitamos saber por qué, si según el ministro Puente estamos en el mejor momento de la historia en la Alta Velocidad en España, se ha producido esta tragedia. Es cierto que el tráfico ferroviario se ha multiplicado desde la liberación del mercado; también hay más tráfico de trenes sobre las mismas vías ferroviarias de hace 10 años, y todo ello evidentemente implica un mantenimiento y una inversión mayores.

Muchas personas encuadran este suceso dentro de la fatalidad, como si el accidente fuera asociado a un destino inevitable. Sin embargo, más bien parece tratarse de una casualidad enraizada en una causa fortuita que, con la previsión adecuada, seguramente habría podido evitar el encuentro del destino con el peor de los azares posibles.

Otro hecho no tan extraño es que el accidente no haya tomado por sorpresa a una sociedad acostumbrada, por desgracia, al deterioro progresivo de la mayoría de nuestras infraestructuras, en especial la ferroviaria. El «extraño accidente», en palabras del ministro tuitero Puente, no resulta tan extraño si tenemos en cuenta que en dicho tramo de vías las quejas de que algo no iba bien han sido constantes: de maquinistas, usuarios, sindicatos ferroviarios, e incluso de Adif, la propia empresa responsable de su mantenimiento.

Tampoco ha sorprendido que el Ministerio de Transportes sea el que se vea en entredicho, teniendo en cuenta que su anterior responsable, el señor Ábalos, esté en la cárcel –el mismo que ponía a trabajar (es un decir) en Adif a sus conquistas femeninas–, y que a su asesor Koldo –exempleado y portero de un bar de lucecitas– lo colocara como consejero de Renfe, o que la exdirectora de Adif, Pardo de Vera, esté imputada por cinco delitos, incluido el de organización criminal, junto a Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

Claro que nada de esto resulta extraño dentro de un contexto en el que la gestión de los asuntos públicos ha sido nula cuando no directamente incompetente, por la sencilla razón de que se han colonizado las instituciones y otros cargos institucionales, no con personas con estudios y preparación técnica en función del cargo a ocupar, sino en función de la adscripción ideológica y fidelidad inquebrantable al partido y al líder.

Durante estos días veremos cómo el Gobierno intentará explicar de forma trasparente (?) –como en el caso del apagón, donde todavía no sabemos qué sucedió realmente– lo que cree que ha acontecido, pero sin mojarse o, mejor dicho, intentando –como ya ha hecho en sucesos similares– fragmentar las responsabilidades entre diversos entes para que cada cual se busque la vida para eludir las culpas y, sobre todo, la responsabilidad.