Canarias ante una financiación que no convence

El debate sobre el sistema de financiación autonómica ha vuelto al primer plano esta semana con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro que ha generado un profundo malestar en Canarias. Marcado por el acuerdo previo entre el Gobierno de España y ERC y por el amplio rechazo de la mayoría de las autonomías, el cónclave ha evidenciado una fractura política y territorial que en el Archipiélago se traduce en una preocupación creciente. No en vano, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha llamado abiertamente a una rebelión social frente a un modelo que considera lesivo, mientras que el vicepresidente ha advertido incluso con la vía judicial si el Ejecutivo central persiste en su planteamiento.

Para las Islas, la cuestión no es menor. Canarias denuncia desde hace años una infrafinanciación que condiciona la calidad de los servicios públicos y limita su capacidad para converger en bienestar con el resto del Estado. Lejos de corregir esa situación, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con agravarlo. Así lo sostiene la consejera de Hacienda, Matilde Asián, al subrayar que Canarias sería la única comunidad que pierde recursos respecto al sistema actual: si ya se situaba en torno al 95% de la media de financiación, pasaría ahora a recibir apenas el 90%, ensanchando una brecha que más bien debería cerrarse.

El problema de fondo sigue siendo el mismo: el nuevo modelo no parte de un reconocimiento real y efectivo de la desigualdad de partida. El sistema propuesto mantiene una lógica que, pese a introducir ajustes, no compensa adecuadamente el sobrecoste de prestar servicios públicos en un territorio ultraperiférico y fragmentado. La doble insularidad, la lejanía, la fragmentación y la dependencia del transporte marítimo y aéreo elevan los costes por habitante en sanidad, educación o servicios sociales como los de la dependencia o la atención a personas mayores. No es de recibo que, con cerca del 5% de la población del Estado, Canarias solo reciba el 2,9% de los recursos asignados por el criterio de población ajustada.

Preocupa además que se mezclen planos que deben permanecer separados. El ministro Ángel Víctor Torres sostiene que Canarias será compensada con 500 millones del Fondo de Cooperación Interterritorial, un argumento que, lejos de tranquilizar, refuerza las suspicacias. Para el Archipiélago, esta promesa evidencia que el propio Gobierno es consciente de la infrafinanciación, pero opta por una solución coyuntural, ajena al sistema y dependiente de la voluntad política del momento. No es una garantía permanente, ni ofrece seguridad a medio y largo plazo.

A ello se suma el temor, cada vez más extendido, de que esta compensación encubra indirectamente la integración de los fondos del REF en el cálculo de la financiación autonómica, algo expresamente rechazado por Canarias. El REF no es un privilegio ni una concesión graciosa del Estado, sino un derecho reconocido para compensar desventajas permanentes. Integrarlo, directa o indirectamente, en el sistema común supondría vaciarlo de contenido y convertir una obligación del Estado en una supuesta ventaja que se descuenta en el reparto.

El Ejecutivo central defiende su propuesta apelando a la equidad, la corresponsabilidad fiscal y la modernización de un sistema caducado. Pero las virtudes teóricas no disipan las dudas de Canarias. La experiencia demuestra que los modelos diseñados desde una óptica peninsular tienden a diluir las singularidades isleñas. La posición del Archipiélago es clara: no se piden privilegios, sino justicia. Y esa justicia pasa por un sistema que garantice suficiencia financiera real y por un REF plenamente respetado y ajeno al reparto común.

Solo así podrá hablarse, con propiedad, de cohesión territorial, igualdad entre ciudadanos y solidaridad efectiva en un Estado que se proclama plural. Porque lo que está en juego no es solo una cifra o una fórmula de reparto, sino la capacidad real de Canarias para sostener su Estado del bienestar. Ignorar esta realidad sería asumir que la igualdad territorial es un principio retórico y no un compromiso efectivo del Estado con sus regiones más vulnerables.