Mejorar la gobernanza

La calidad del autogobierno no se mide únicamente por la capacidad de legislar, ejecutar políticas o reclamar recursos ante otras administraciones. Se mide, sobre todo, por la solidez de los sistemas de control, integridad y responsabilidad que garantizan que el poder público se ejerza al servicio del interés general. En Canarias, este debate gana relevancia a medida que la gestión pública se vuelve más compleja y exigente.

La contratación pública y la gestión de fondos europeos han multiplicado los riesgos, pero también las oportunidades. Nunca antes el archipiélago había gestionado volúmenes tan elevados de recursos ni había sometido a estándares tan estrictos de control y rendición de cuentas. La capacidad administrativa se ha convertido, así, en reto estratégico.

La función pública de control debe ser fuerte y estar cualificada. Interventores, auditores, técnicos de contratación y juristas no son actores secundarios del sistema, sino primera línea de defensa. Sin plantillas estables, especializadas y protegidas frente a presiones, los controles se debilitan, los errores se repiten y la gestión se vuelve defensiva. Invertir en esta función no es un gasto: es una garantía de eficiencia y legalidad.

El papel de la fiscalización externa y el control parlamentario completa este entramado. La Audiencia de Cuentas, el Parlamento y otros órganos supervisores deben actuar de forma coordinada, oportuna y con impacto real. Cuando los informes llegan tarde o las recomendaciones no se traducen en cambios, la fiscalización pierde sentido. En Canarias, reforzar estos mecanismos implica asumir que el control no es un obstáculo político, sino un verdadero pilar del autogobierno.

Otro elemento clave es la independencia de los órganos de control. Sin autonomía presupuestaria, estabilidad institucional y procesos de nombramiento basados en criterios técnicos, cualquier sistema de fiscalización queda expuesto a interferencias. La independencia no se proclama: se construye con reglas claras, recursos suficientes y una cultura política que respete el papel siempre incómodo, pero también necesario, del control.

Las puertas giratorias son especialmente relevantes en territorios pequeños e interconectados como Canarias. La cercanía social y económica no puede convertirse en una coartada para diluir fronteras entre lo público y lo privado. Gestionar estos riesgos con transparencia, controles efectivos y ética institucional es esencial para preservar la confianza ciudadana.

Cuando los controles fallan, las consecuencias no pueden limitarse a correcciones contables o reproches genéricos. La responsabilidad política, administrativa y contable debe ser clara, proporcionada y visible. Sin consecuencias, el sistema aprende a tolerar el error y la irregularidad. Con exigencia de responsabilidad, en cambio, aprende a mejorar.

Es preciso una mayor cultura institucional. Las leyes, los reglamentos y los órganos son necesarios, pero resultan insuficientes sin una convicción compartida de que la integridad pública es un valor estructural. En Canarias, esta cultura debe consolidarse como parte del proyecto de autogobierno, no como una exigencia externa impuesta por Madrid o Bruselas o por los órganos de control.

El reto es ambicioso, pero inaplazable. Fortalecer la integridad pública significa mejorar la calidad del gasto, proteger a los servidores públicos, reforzar la legitimidad de las instituciones y garantizar que cada euro público genere valor social. En una comunidad con desafíos estructurales tan marcados como Canarias, el buen gobierno no es un lujo institucional: es una condición para el desarrollo y la cohesión social.

Cerrar esta agenda no depende de una reforma aislada, sino de una visión integrada y sostenida en el tiempo. La integridad pública no se decreta; se construye día a día. Y en esa construcción, Canarias tiene aún un amplio margen —y una clara responsabilidad— para avanzar. Mucho más.