La Hacienda española declara la guerra a los ciudadanos

Hará unos días, inmerso en la vorágine de las compras navideñas, caminaba quieto, dejándome llevar por el lento movimiento de una rampa mecánica. Un grupo de personas –por la conversación entendí que eran familia– discutían y se quejaban de lo intolerable que resultaba la injerencia de la Hacienda española en la vida privada de las personas. En especial, claro está, en sus economías.

Un pasillo móvil da para mucho. Aquí en Canarias no se suele respetar lo de ir pegado a la derecha para que quienes tengan más prisa puedan adelantar por la izquierda. Esto no es Madrid. Aquí, por lo general, nos tomamos la vida con más parsimonia, vamos a otro ritmo, porque hace tiempo que hemos entendido que el estrés no es bueno para la salud.

Lo que quiero decir es que, en el tiempo que tardamos en recorrer esos veinte metros de pasillo, comprendí que la familia se quejaba de que, a partir de enero de 2026, Hacienda controlaría los envíos de dinero a través de procedimientos electrónicos, y en especial de Bizum. Unos decían que era solo para empresas y autónomos; otros –en concreto la que parecía ser la madre– entendían que era para todos los españolitos de a pie. «A ver si ahora no voy a poder ni mandar la paga a mis nietos sin que Hacienda se entere», se quejó la señora, con razón.

Menos mal que, delante de la fila dinámica, un joven cargado de bolsas se volvió y quiso manifestar su posición al respecto: «Les recuerdo que hoy es el día de los Santos Inocentes, así que seguramente dicha información sea una inocentada». A lo que respondió una de las chicas –probablemente una de las hijas–: «Nosotros sí que somos unos inocentes e ingenuos contribuyentes, desamparados ante la vorágine confiscatoria del Herodes tributario».

La rampa móvil nos depositó en la planta baja, dejando el espíritu de la conversación flotando en el inconsciente de los que íbamos quietos sobre su suelo.

Ese temor a la Hacienda española es, por desgracia, universal. Recientemente, el Instituto Juan de Mariana –que entre sus objetivos se encuentra velar por la limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos– ha denunciado el rápido y alarmante deterioro reputacional de la administración tributaria española. Y en el diario Financial Times, Robert Ross –fundador de la prestigiosa agencia Amsterdan & Partners–, un abogado muy temido por ganar litigios contra las distintas administraciones europeas, ha decidido denunciar a la Agencia Tributaria española por considerar que «ha roto los equilibrios básicos del Estado de Derecho».

No es el único que piensa que el sistema de sanciones en España no está diseñado para garantizar el cumplimiento de la ley tributaria, sino que más bien sirve como un mecanismo espurio de intimidación y castigo. En unas recientes declaraciones a distintos medios, el señor Roos afirmó que su despacho intentará demostrar el incumplimiento del principio de igualdad entre los contribuyentes españoles, ya que se vulnera la presunción de inocencia, se niega de forma reiterada el derecho a una administración eficiente y, en consecuencia, se impide o limita el acceso efectivo a la justicia.

No iba descaminada la señora que comentaba, mientras se dejaba llevar por la rampa mecánica, su sospecha a ser vigilada y controlada por Hacienda. Vino a decir, a su manera, que temía que la administración en general, y Hacienda en particular, terminaran convirtiéndose en un «Gran Hermano», en una especie de agencia de vigilancia y control permanente sobre los contribuyentes, rompiendo por completo el necesario equilibrio entre el control fiscal y los derechos fundamentales de los ciudadanos. n