Incertidumbre: el mayor desincentivo a la inversión

Hay una constante que se repite en todas las decisiones de inversión, por encima incluso de los costes o de la fiscalidad: la incertidumbre económica. Cuando un país transmite dudas, indefinición o falta de rumbo, el capital -nacional y extranjero- simplemente busca otro destino.

Los datos son claros y no admiten demasiada interpretación. La inversión extranjera en España ha caído un 27,5% hasta septiembre, regresando a niveles de 2019, previos a la covid. No es una buena noticia. No es un ajuste coyuntural. Es una señal de alerta. Porque mientras otros países han aprovechado la salida de la pandemia para reforzar su atractivo, nosotros hemos vuelto al punto de partida.

Invertir no es solo una cuestión de rentabilidad esperada; es, sobre todo, una cuestión de confianza. Y la confianza se erosiona cuando coinciden varios factores estructurales que no se corrigen.

Hoy convivimos con una baja productividad crónica, un absentismo laboral descontrolado, una falta de mano de obra -especialmente cualificada- y una ausencia clara de políticas de estímulo económico orientadas al crecimiento real. El resultado es evidente: dejamos de ser competitivos frente a otros países que sí están ofreciendo estabilidad, claridad regulatoria y entornos favorables para invertir.

Ningún inversor serio ignora estos elementos. Cuando un país no reasigna bien sus recursos, cuando el empleo no se traduce en mayor valor añadido, cuando el marco laboral es rígido y el mensaje institucional es confuso, el capital se retrae. No por ideología, sino por lógica económica.

En este contexto, Canarias tiene una oportunidad que no puede permitirse desaprovechar. Nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) y la compensación de las desventajas derivadas de nuestra condición de región ultraperiférica son una auténtica llave estratégica. No un privilegio, sino una herramienta legítima para competir en igualdad de condiciones.

Pero el REF, por sí solo, no basta.

Para que funcione como palanca de atracción de inversión es imprescindible una administración pública -general, autonómica y local- alineada con ese objetivo. Una administración que apueste de verdad por la inversión, que entienda que reducir burocracia, mejorar procedimientos, ajustar el esfuerzo fiscal, agilizar licencias y revisar cargas regulatorias no es rebajar derechos, sino crear oportunidades.

La inversión no huye de los salarios dignos ni de la protección social. Huye de la imprevisibilidad, de la inseguridad jurídica y de la sensación de que cada decisión será más complicada mañana que hoy.

Canarias puede avanzar. España puede avanzar. Tenemos instrumentos, talento y posición estratégica. Pero nada de eso funcionará si no hay una voluntad clara de hacerlo posible. La competitividad no se proclama: se construye.

Y la pregunta es tan simple como incómoda:

¿Queremos realmente atraer inversión o nos conformamos con explicarnos por qué se va?

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