Canarias ante 2026

Canarias recibe 2026 en un momento en el que avanza y crece y muestra capacidad de adaptación a un contexto internacional complejo. Pero arrastra tensiones que no admiten aplazamientos. El nuevo año exige madurez: reconocer logros, consolidar lo que funciona y afrontar, con valentía y sentido común, aquello que falla. La productividad baja y el crecimiento económico no será eterno mientras crecen las dudas sobre la intensidad del respaldo europeo a la ultraperiferia.

El turismo es el gran pilar de la economía canaria y conviene afirmarlo sin complejos. Genera empleo, sostiene miles de pequeñas y medianas empresas y permite mantener servicios públicos. Su capacidad de recuperación tras crisis sucesivas demuestra su relevancia estratégica y merece respaldo social e institucional. Sin embargo, evidencia síntomas de saturación. La presión sobre el territorio, la congestión de infraestructuras y el impacto sobre la vivienda genera malestar. En 2026 el debate debe dejar de ser ideológico y volverse práctico: regular, ordenar y limitar cuando sea necesario no es ir contra el turismo, sino protegerlo y garantizar que sea sostenible y compatible con la calidad de vida de quienes habitan estas islas.

Si hay un reto que refleja con mayor claridad la desigualdad social, es el de la vivienda. Trabajar y no poder vivir dignamente se ha convertido en una paradoja para miles de familias. La escalada de precios y la falta de oferta asequible amenazan la cohesión social y expulsan talento joven. El problema ha entrado en la agenda política y se han activado planes para afrontarlo, pero el tiempo apremia. Este año debe ser el de las soluciones visibles. Sin ellas, la brecha entre crecimiento económico y bienestar seguirá ampliándose.

No todo son sombras. Canarias da pasos en la diversificación de su economía. La apuesta por la ciencia, la innovación, el sector audiovisual, la economía azul y las energías renovables representa uno de los mayores aciertos de los últimos años. Universidades, centros de investigación y empresas emergentes demuestran que hay talento y capacidad para construir un futuro algo menos dependiente del turismo. El desafío es consolidar estos sectores, extender sus beneficios a todas las islas y traducirlos en empleo estable y de calidad.

La cohesión territorial es otra asignatura pendiente. Canarias no avanza al mismo ritmo en todos sus rincones. Algunos núcleos urbanos crecen sin pausa. Otros pierden población, servicios y oportunidades. El reto demográfico no es una abstracción: es una realidad que condiciona el desarrollo y la igualdad de oportunidades. Afrontarlo requiere inversión en servicios básicos y una visión que haga atractiva la vida en todas las islas y en el medio rural.

La gestión de la migración es una responsabilidad que Canarias asume como frontera sur de Europa. Conviene reconocer el esfuerzo de las instituciones, de las ONG y de los profesionales, que trabajan en condiciones difíciles. Y es legítimo exigir más implicación al Estado y a la UE. La respuesta no puede recaer en exclusiva sobre las Islas. El cambio climático completa un escenario de retos complejos. Canarias es un territorio vulnerable y, aunque se avanza en adaptación y transición energética, el ritmo debe intensificarse.

A estos desafíos se suma la incertidumbre sobre la financiación autonómica y europea. Canarias depende de su REF, de los fondos de cohesión y de los programas para las RUP. El futuro de estas ayudas, los cambios en los criterios de reparto o las reducciones de partidas, generan preocupación. El REF y la condición de RUP son un reconocimiento a las dificultades geográficas, económicas y sociales. Cualquier paso atrás pondría en riesgo la estabilidad de los servicios públicos, las inversiones estratégicas y la capacidad de respuesta ante los retos del Archipiélago.

Canarias entra en 2026 con profesionales comprometidos y una sociedad que sabe que debe ser cada vez más consciente. El desafío no es solo crecer, sino hacerlo mejor para evitar que siga cayendo la productividad de manera que se pueda transformar el progreso económico en bienestar real, proteger el territorio sin frenar oportunidades, garantizar la cohesión territorial y asegurar la continuidad de los fondos estatales y europeos.