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Opinión | Visiones atlánticas

HUGO LUENGO

El plan de Gesplan

Un operario de Gesplan realiza labora de limpieza forestal.

Un operario de Gesplan realiza labora de limpieza forestal. / E. D.

En la calle desconocemos las actuaciones que el Gobierno de Canarias viene desplegando con sus entidades societarias dependientes. Caso paradigmático es Gesplan (Gestión de Planeamiento Territorial y Medioambiental), nacida en 1991 para prestar asistencia técnica a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias en materia de planeamiento y dependiente de la Consejería de Política Territorial, hoy multiplicada en fines, estructura y medios.

Se publicó en la Gaveta Económica por Miguel Roselló: «Gesplan, cuando los burócratas juegan a ser empresarios y fracasan». Cada década el gobierno propone diversificar la economía y 40 años después, la economía canaria sigue dependiendo del turismo y de un solo mecenas, la administración pública. La diversificación prometida no ha creado nuevos sectores, sino más empresas públicas. La arrogancia del poder ofrece un fruto escaso, caro y de baja calidad. Nos venden que son más eficientes que el mercado, desde su planificación centralizadora. Gesplan supone la mitad del empleo total de las empresas públicas autonómicas, con 2.250 empleos, un presupuesto de 105 meuros, que consume en personal el 70%. De su función originaria para facilitar la gestión, ha pasado a consultora y constructora, absorbiendo contratos privados. Amparados en una lectura expansiva del medio propio del art. 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite a las administraciones adjudicar trabajos sin mediar concurso público. Mecanismo que el gobierno pervierte, convirtiendo la excepción en regla. Centenares de encargos anuales de ayuntamientos, cabildos y consejerías acaban subarrendados a empresas locales, luego de detraerles sus costes fijos, gastos generales y el control de caja. Mantiene una ineficiencia disfrazada, como revelan los Informes de la Audiencia de Canarias (2025) y sentencias del TSJC, con licitaciones desiertas y sobrecostes. Genera una elevada inseguridad jurídica, ligada a la invasión pública de encargos privados, que ha puesto en pie de guerra a los Colegios Profesionales de Canarias, Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Industriales o Telecos, que acuden con éxito a los juzgados. Del 4 de diciembre de 2025 es la sentencia del TSJC a favor del Colegio de Arquitectos, contra un recurso de casación de la Fecam, en un litigio a favor de un ayuntamiento por la adjudicación de un encargo a Gesplan, sin acreditar que la opción propia es más económica que la privada.

El burócrata, haciendo uso del poder administrativo y de su arrogancia planificadora, nos explica el fracaso económico canario. Donde sigue creciendo el gasto público de personal y desciende la inversión. Recursos para infraestructuras, innovación, rebajas fiscales, que no se realizan bajo el mantra del control y la eficiencia. Y no se miden con criterios de productividad y retorno según señala la Airef. Los efectos negativos de esta perversión del mercado arrastran costes de oportunidad. Hemos demolido en España la Directiva Bolkestein y su legislación de liberalización de servicios, arruinando el mercado único y sus cuatro libertades, segmentándonos en 17 mercados autonómicos. Los trabajadores son seducidos por las seguridades públicas y se refugian en la administración y sus empresas, afectando al capital humano y al tejido profesional. Nunca ha dejado de crecer el peso del empleo público, uno de cada tres asalariados depende de él. Generan incentivos perversos, contra el talento, la innovación y el riesgo. Cultura extendida a la gestión pública, que penaliza al emprendedor y a sus técnicos, inventando argucias para dificultar trámites. Con ello se neutraliza nuestra excepcionalidad fiscal.

Refiero el liderazgo del COAC y su decana María Nieves Febles, ante el consejero de Gesplan y la presidenta de la Fecam en mayo de 2023, con el Manifiesto contra el abuso de la adjudicación directa de los encargos, representando a más de 15.000 profesionales. Defienden el principio de concurrencia, garantizar relación calidad-precio y la eficiencia de los recursos públicos. El encargo solo es legal cuando la opción pública es más eficiente económicamente.

Al disparar los encargos se superan los medios propios y se ven obligados a subcontratar, pagando un doble coste y complicando la gestión, con efecto de tierra quemada sobre el tejido profesional. Se precisa un plan para Gesplan, con virtuosa colaboración público-privada, restablecer la convivencia, controlar la subcontratación propia y contar con la eficacia de los servicios municipales.

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