Periodo destituyente y regresión democrática en España

El sanchismo ha tenido –y persiste en ello– la visión política de subyugar a los partidos que habitaban el espacio político a su izquierda. Es más, se ha adueñado, copiado o plagiado –como la tesis doctoral del «jefe del cotarro», «el puto amo», según Óscar Puente–, despojándolos de sus propias iniciativas e incluso de sus principios ideológicos –suponiendo que tuvieran alguno viable–, e incorporándolos al gobierno de la nación, para intentar aunar, y por extensión controlar, el voto más radical. Algo que ya experimentaron en tiempos de la Segunda República.

Ahora todo es un totum revolutum, donde los líderes (y las lideresas) de los distintos partidos intentan en vano tener un protagonismo que se manifiesta impostado y tremendamente decepcionante. Véase, por ejemplo, las últimas declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz –las mismas, por cierto, que viene manifestando desde hace meses ante la corrupción sistémica del Gobierno del que forma parte–: «Así no se puede continuar». Es más, insta al presidente del gobierno, no a someterse a una moción de confianza ni a dimitir y convocar elecciones, sino a que remodele el Consejo de Ministros, pero, por supuesto, respetándola a ella y a los cuatro ministros de su partido.

Pero, obviamente, Sánchez la ha ignorado displicentemente, porque él sabe que tiene la sartén por el mango –el poder–, lo que le sirve para mantener a raya a los partidos que en su día lo apoyaron a llegar a la Moncloa, pues es consciente de que no lo dejarán caer mientras los apacigüe dándoles lo que le pidan: ya sea dinero, poder, soberanía, privilegios… aunque sea consciente –es un decir– de que, como escribió Diderot: «todo privilegio es un atentado contra la libertad general».

Precisamente el día en que se celebró el aniversario de la Constitución, la presidenta del Congreso de los Diputados –la señora Armengol, una política arquetípica a la que se conoce como la «intolerancia sonriente»–, en vez de defenderla, lo que propuso es cambiarla: «Es necesario cambiar la Constitución para adaptarla a la realidad territorial». Los nacionalistas todavía no se han enterado de que lo que importa son las personas, no los territorios.

Hoy vivimos tiempos convulsos, arrastrados por un viento de cambio donde las convicciones, por desacertadas que fueran, parecen envejecer a toda velocidad. Incluso la propia Transición, que parecía tener un consenso mayoritario, ha sido objeto de una campaña por parte del sanchismo para destrozarla, vejarla, retorcerla, reescribirla… mientras la sociedad civil permanece en una preocupante y alarmante resignación melancólica, en la que parece haber renunciado, cómodamente, a una militancia democrática en defensa, no solo de la democracia, sino de sus propios derechos civiles, que incluyen la libertad de expresión, de asociación y de religión.

La situación política actual es preocupante porque el sanchismo, junto con sus socios nacionalistas, pretende romper con el sistema del 78, atacando abiertamente la Constitución, que es la que nos ampara y protege de estos grupos minoritarios que pretenden desintegrar la nación, convirtiéndola en un Estado totalitario o colectivista. Por ello, podemos y debemos reforzar una «Constitución militante» que, aunque en muchos aspectos sea abierta, no hay que olvidar que en otros es firmemente defensora de sus principios. Es una forma de protegernos de cualquier amenaza antidemocrática.