Un año que viviremos peligrosamente

No es probable que olvidemos fácilmente el próximo año. Lo peor se puede esquivar, pero no es probable. Por resumirlo muy someramente: el Ministerio de Hacienda presentará una propuesta de modelo de financiación autonómica que tiene como principal objetivo introducir como criterio una exigencia de ERC compartida por Junts: las comunidades autónomas que más aportan económicamente a las finanzas del Estado deben recibir más y las que aportan menos deben recibir menos. La financiación defendida por María Jesús Montero consiste en reconfigurar el sistema actual para que Cataluña disfrute de un estatus muy similar al del País Vasco y su cupo. Por supuesto que no existe otra razón para hacerlo que la demanda terminante de ERC: sin esa condición jamás hubieran tolerado la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Como han demostrado –con datos oficiales y públicos– Fernández Villaverde y Francisco de la Torre, Cataluña tiene una financiación per cápita ligeramente superior a la media española. En 2022 recibió 3.822 euros por persona, frente a la media española, unos 3.400, y bastante por encima de la de Madrid, 3.105 euros. Lo que desean los independentistas es que el Govern pueda recaudar el 100% de los impuestos de Cataluña y luego pagar una cuota de solidaridad al Estado (sic) cuyo monto, en última instancia, decidirían las autoridades catalanas. Cataluña aportaría menos, lo que significaría directamente retraer recursos del resto de las Comunidades autónomas.

Imponer el principio de ordinalidad es fundamental para avanzar (y colocar un apósito de legitimidad) hacia el cupo catalán. Soy completamente incapaz de entender cómo un socialdemócrata puede defender semejante ataque a los principios fundamentales de redistribución que sostienen al Estado de Bienestar. Se trata de una cuestión elemental de corresponsabilidad y solidaridad en un Estado federal o federalizante. Para emplear un lenguaje progresista que tal vez algunos recuerden: contribuir según tu capacidad y recibir según tu necesidad. ¿Qué sentido fiscal –y social– tiene la ordinalidad que no sea profundamente regresivo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué los ciudadanos ricos paguen menos y los modestos mucho más y los pobres de solemnidad lo entreguen todo, si es necesario traficando con sus órganos? Porque trasladado al plano individual, es como si el 99% de los contribuyentes le pagáramos hasta las corbatas a don Miguel Ángel Ramírez.

Canarias está entre las cinco comunidades autonómicas más beneficiadas por el reparto de los recursos tributarios, después de Cantabria. La Rioja, Baleares y Extremadura. No es el resultado de la munificencia del actual Gobierno ni de los anteriores, sino de un conjunto de factores económicos y fiscales singulares de carácter estructural. La introducción de la ordinalidad significaría, sin margen de error, un zarpazo feroz a la financiación de la comunidad canaria. Por supuesto que es razonable la duda. Supondría un riesgo extraordinario para la estabilidad de las finanzas públicas implantar una ordinalidad tout court y en contra de la mayoría de las comunidades. Pero Sánchez y Montero pueden intentar –entre otras cosas, con el señuelo de la quita de la deuda– introducir una ordinalidad progresiva, lo que además daría tiempo al gobierno catalán para ampliar y robustecer su propia agencia tributaria y, en el plazo de tres, cuatro o cinco años, dotarse de la capacidad técnica y operativa para recaudar el 100% de los tributos. Para nosotros el final sería el mismo: un empobrecimiento casi inmediato y una reducción agónica de los servicios públicos.

Muchos creen que es imposible llegar a una situación como esa. Se me antoja temerario sostener tal cosa. Ningún Gobierno desde 1983 (ni el de Felipe González, ni el de Aznar, ni el de Rodríguez Zapatero, ni el de Rajoy) maltrató con tal desprecio a Canarias como el de Pedro Sánchez. Y lo ocurrido en los últimos seis meses debería enseñarnos que una bestia acosada por los escándalos es capaz de todo por seis meses más en el poder.