La propiedad perdida

El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, constituyen la base de las sociedades democráticas. Luego hay más cosas, pero esos son los pilares. Y todas las sociedades donde estos valores han sido ignorados han acabado como el rosario de la aurora.

El Parlamento de Canarias aprobó esta semana una ley en cuyo trasfondo está el recorte del derecho de propiedad. La regulación del mal llamado «alquiler vacacional» –el alquiler es ajeno a si el arrendatario trabaja, está en paro o se saca los mocos– tiene buenas intenciones. Y ese es, como bien se sabe, el material del que están empedradas las calles del infierno.

Canarias tiene un problema de vivienda. Antes del 2008 las viviendas nos salían por las orejas y el ladrillo se convirtió en una burbuja del tamaño del Teide. Luego vino la crisis y los promotores se estallaron como una pita. Y llegamos hasta aquí, donde no se construye una puñetera casa a pesar de que cada año crece la población en torno a las veinte mil personas provenientes de fuera de las islas.

Un día, las familias canarias que invirtieron sus ahorros en la compra de viviendas descubrieron internet. Se dieron cuenta de que alquilando sus pisos a muchos guiris, a través de grandes plataformas, multiplicaban los beneficios de alquilar a una sola persona mucho tiempo seguido. Y empezaron a ingresar un chorro de miles de euros, cosa que, como es natural, le tocó los clorocos a los hoteleros.

Se dice que la ley de la Vivienda Vacacional pretende regular «el sector». ¿Cuál? ¿El de la vivienda? Para regular el alquiler existe ya una Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero como en vez de alquilar por doce meses a un señor de Cuenca lo que se hace es arrendar por cuatro o cinco días a cientos de guiris diferentes, se establece que no es un alquiler, sino una actividad económica. Es cualitativamente lo mismo, pero cuantitativamente diferente. Con lo que nos adentramos en la metafísica del alquiler. No es el bien que alquilas lo que define el alquiler, sino a quién y por cuanto tiempo.

El Gobierno sostiene que han desaparecido viviendas para la renta de larga estancia y que hay miles de ciudadanos que las buscan desesperadamente. Deberían preguntarse por la incoherencia de que haya un mercado que nadie satisface. Porque la maldita burocracia impide construir. Y por inseguridad jurídica, que lleva a que existan doscientas mil viviendas vacías. La gente gana más con el alquiler vacacional y hay muchos que ni siquiera alquilan, porque nadie protege sus derechos como arrendadores.

Todo el mundo busca el máximo beneficio. Queremos cobrar más por nuestro trabajo. Alquilar a mejor precio nuestros bienes. Y vender las papas más caras. El Gobierno pide a las empresas que suban los salarios y promete subvencionarlas. Y les pone impuestos a las papas de fuera, para que se puedan vender a mayor precio. Pero con la vivienda hemos topado, Sancho. Si le tocas los bemoles a una gran cadena peninsular, te sacan del campo. Y para hacerlo lesionan irreversiblemente el derecho de propiedad de miles de familias canarias que no podrán alquilar a quien quieran, sino a quienes les digan. Un buen fin nunca justifica un mal medio.

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