Regular la residencia

En un año se ha incrementado la población de Canarias en 14.205 personas. Ahora somos 2.268.035 personas. A finales de año nos acercaremos a 20.000 habitantes más respecto al último trimestre de 2024. Recuerdo haberle escuchado a un político hace poco que, al fin y al cabo, una densidad de población de 304 habitantes por kilómetro cuadro –la que soporta como media el archipiélago– no era una de las más importantes de España. En lo que no reparaba el caballero es que en Canarias los parques nacionales, espacios naturales y parajes protegidos representan más de un 45% de la superficie de las islas más pobladas.

Este crecimiento demográfico imparable produce un impacto cada vez más negativo en el vigor de la economía canaria y en la sostenibilidad tanto de los tensionados servicios públicos como de los fragilizados ecosistemas insulares (los terrestres y los marítimos). Desde 2001, hace casi un cuarto de siglo, el 75% del crecimiento demográfico regional procede de la migración. Solo en un pequeño porcentaje (un 12% aproximadamente) es de origen africano, en su mayoría, marroquíes. La procedencia del resto es europea y latinoamericana. Los canarios ya no son jóvenes. La edad media es de 43 años y entre los nacidos en las islas la tasa de fecundidad ha caído a plomo. No llega a la media española del 1,12, que ya es una de las más bajas de la UE. Nuestro saldo demográfico vegetativo es negativo desde hace años.

En Canarias deberían considerarse tres políticas estratégicas que necesitan consensos –no solo partidistas– para ser defendidas y desarrolladas con emergencia: el crecimiento demográfico, la pobreza estructural y la exclusión social y la diversificación de la actividad económica. Sin embargo, cualquier observador descubre estupefacto que los tres grandes partidos de Canarias, cuyas políticas públicas no se ha distinguido sustancialmente durante décadas, ejercitan una agotadora ficción según la cual el malo es el otro y se empeñan en proclamar diferencias insalvables. La única manera de regular la residencia en la comunidad autónoma es la unidad política, social y empresarial para demandar limites y exigirlos a la Unión Europea. Si no se vertebra una estrategia para permitir al gobierno canario modelar la libre entrada y establecimiento de ciudadanos comunitarios en el archipiélago cualquier otro esfuerzo está destinado al fracaso. Es un objetivo que pueden asumir los gobiernos españoles y colocarlo en la agenda nacional. El artículo 349 del Tratado de la Unión regula el estatuto específico que se ha concedido a las regiones ultraperiféricas como Canarias. Se proclama solemnemente que deben implementarse las medidas para garantizar un desarrollo sostenible de las RUP, pero Canarias, bajo esa creciente presión demográfica, ve comprometido gravemente su crecimiento económico y su cohesión social. Por supuesto que cualquier programa y acción para atender los problemas específicos de las RUP no puede poner en peligro «la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico». Pero tal y como ha señalado el presidente del Gobierno autonómico, reformar una normativa legal para regular la residencia es una misión larga y complicada, pero no es imposible. Regular la residencia no es un síntoma de insolidaridad ni de chovinismo. Es evitar que a medio y largo plazo Canarias naufrague como proyecto político entrampando su todavía modesto estado de bienestar.

El debate so bre la regulación de la residencia en Canarias debe entenderse como un proceso interrelacionado con los límites de la oferta turística. Quince millones de turistas son una cifra inasumible: a partir de cierto techo de visitantes la actividad turística y la red de servicios que crea no disminuyen más el desempleo, ni la pobreza, ni la pauperización de las clases medias y, en cambio, crea otros nuevos, desde subidas de precios hasta gentrificación. La regulación de la residencia y los límites del turismo son condiciones imprescindibles para paliar la pobreza y abrirnos a la diversificación económica.

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