La esencia de la cosa

Para intentar alcanzar algo parecido al territorio de la verdad, en este mundo donde siempre hay más sombras que luces, hay que eliminar los muchos artificios que acompañan las polémicas políticas. Hay un fiscal general del Estado sentado en el banquillo acusado de haber promovido la filtración de un documento de la Fiscalía donde se revelan datos personales de un contribuyente. Hay gente respetable que afirma que no hay pruebas. Y hay otra gente, igualmente respetable, que dice que hay sólidos indicios. Y existe, de fondo, la supuesta evidencia de que en este país uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Empecemos por el final: no es verdad. Si algo se ha demostrado ad náuseam en nuestra reciente historia es que cualquiera es presunto culpable hasta que demuestre lo contrario. Quienes ahora esgrimen la sensata afirmación de que los acusados no deben probar su inocencia, sino que son los acusadores quienes deben acreditar la comisión de un delito, son los mismos que ayer preconderaron cientos de veces a Francisco Camps, absuelto luego de una decena de imputaciones por ausencia de pruebas. Es solo uno de los muchos casos que hemos vivido en España en los que la reputación y el honor de una persona acabaron incinerados en una hoguera mediática y judicial instigada por los que primero disparan y luego dan el alto.

En el caso de Álvaro García Ortiz, el fiscal sumergido hoy en el ácido disolvente de la polémica, debemos plantearnos una pregunta nuclear. Considerando que hoy existen múltiples causas abiertas por delito fiscal, por importes estratosféricos, ¿por qué se produjo tal espasmo en los intestinos de la Fiscalía ante el supuesto delito cometido por un tal Alberto González, un empresario madrileño de medio pelo? La única respuesta creíble es que se generó porque era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La bestia negra de Moncloa y el personaje más mediático y extremo del PP.

Teniendo como referencia ese hecho sustancial –si Alberto González no fuera pareja de quien es sería uno más de los muchos casos que hoy se ventilan– debemos admitir como un hecho probado que en el núcleo de este conflicto está la política. O sea, el enfrentamiento. Y por ello mismo, el tráfico de mensajes y llamadas entre fiscales, la necesidad urgente de emitir un comunicado y toda la polémica que rodea el escándalo, tienen su origen en las raíces envenenadas de una política a la que debería ser ajena la institución neutral de la Justicia. Que hayamos admitido como normal lo que no lo es da buena cuenta de hasta qué punto hemos perdido el norte.

Desconozco si el fiscal general es culpable por acción, pero sin duda lo es por omisión. No sé si el borrado de pruebas –sus teléfonos y emails– pesará en su contra como pesaron los discos duros del PP destrozados a martillazos. Pero es otra grave anomalía que no sea ejemplar quien persigue a los destructores de evidencias. Veremos cómo acaba el juicio. Pero sin necesidad de fallo, la cosa misma que se está enjuiciando muestra la carcoma sectaria de instituciones del Estado que se han convertido en una extensión de las trincheras electorales.

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