Canarias tras la Marcha Verde

Hace medio siglo que España abandonó el Sáhara Occidental. Una descolonización irresuelta que ha dejado heridas y cicatrices en el Sáhara y Canarias. Y en las relaciones con Marruecos. Rabat quería la soberanía de la colonia y hoy la ejerce a través de una suerte de limbo legal que con el paso del tiempo refuerza sus aspiraciones. El plan para anexionar el Sahara a Marruecos, con cierta autonomía, tiene el apoyo de España y las potencias occidentales. Y la ONU acaba de asumirlo como principal iniciativa para solucionar el conflicto.

El episodio más icónico de aquel proceso fue la Marcha Verde, en 1975, de la que se acaban de cumplir 50 años. El 6 de noviembre es ahora fiesta nacional en Marruecos. Miles de civiles marroquíes, y militares infiltrados, atravesaron casi simbólicamente la frontera para reivindicar un territorio que España ya había decidido abandonar. El avance fue mínimo antes de la vuelta atrás. Un paripé.

Pero la impresión era y es, reforzada por los acontecimientos posteriores, que Marruecos alcanzó su objetivo. Contra los criterios de España de propiciar un referéndum de autodeterminación. Y contra las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia, que estableció que la soberanía de Sahara deberían decidirla los saharauis. Una semana después de la Marcha Verde los acuerdos de Madrid transfirieron el Sahara a Marruecos y Mauritania, que renunciaría en 1979.

La diplomacia de Marruecos no cesó en su afán. Aplicó su estrategia paciente y práctica: «esperar y dejar pasar el tiempo». Consolidó el control del territorio y fomentó la colonización interna. En 1991 aceptó el alto el fuego con el Frente Polisario, tras el que anda Argelia y también Rusia, y accedió al plan de la ONU para otro referéndum jamás celebrado. Usó el control de la migración, la cooperación antiterrorista y los acuerdos comerciales para ganar apoyo internacional. Y en 2007 propuso una «autonomía bajo soberanía marroquí», amparada ahora por Naciones Unidas. Canarias ha padecido esa inestabilidad. Claro que las principales víctimas son los miles de saharauis, muchos ya fallecidos, exiliados a campos de refugiados o tierras inhóspitas. En 1975, tras la Marcha Verde y los acuerdos tripartitos de Madrid, se culminó la ‘Operación Golondrina’, que desde mayo amparó la evacuación de los civiles al Archipiélago e iniciado el cierre de las plazas militares. La última guarnición dejó Cabeza de Playa, en El Aaiún, en febrero de 1976.

Las Islas sufrían los efectos de la crisis del petróleo y de pronto veían como desaparecía un interesante mercado para sus propios productos y para otros previamente importados. Y una fuente de empleo en pesca, construcción, comercio y administración local. Los destartalados barrios que malamente atendían las necesidades de los vecinos multiplicaron su población. Agudizados ahora por el aluvión de repatriados y refugiados, Canarias ya afrontaba déficits educativos y sanitarios y de servicios básicos como el agua y la luz de envergadura, propios de una región en vías de desarrollo ajena al bienestar que luego traería el turismo.

Junto al impacto económico y social, surgieron las consecuencias geoestratégicas de la conversión en la frontera sur de Europa. Incremento de la inseguridad marítima para operar en un caladero rico en pesca, refuerzo de la presencia militar en las Islas y conflictividad con un vecino en expansión que parece siempre mostrarse laxo con el control de la inmigración o con el que Canarias se disputa pesquerías, aguas y recursos minerales submarinos. Y da la impresión que ahora son objeto del deseo de nuevo gran aliado de Marruecos, Donald Trump.

Aquella descolonización no dio lugar a una reconversión ni económica, ni social, ni a ningún tipo de compensación para el Archipiélago por parte de las autoridades estatales, como sí sucediera tras el desmantelamiento de flotas, acerías o minas de carbón en el Norte de España. Ante el avance de un Sahara plenamente marroquí tampoco parece que el Estado esté atento a lo que ocurre, ni prevea siquiera escuchar a las Islas.