Enroque de Torres

En una atrabancada comparecencia ante los medios de comunicación nacionales, el ministro Ángel Víctor Torres celebró ayer el informe de la UCO porque en él se demuestra que no ha cobrado mordidas de la trama Koldo, que no acudió a pisos con señoritas, que no tuvo reuniones con empresas petroleras, que no está involucrado en el tráfico de drogas y que no tiene nada que ver en el asesinato de Kennedy.

Lo que se le pasó por alto es lo que sí dice la UCO. Resulta que ya es insostenible decir que las contrataciones con la trama corrupta se produjeron al margen del Gobierno de Canarias, que entonces presidía Torres. Y es innegable que un simple asesor —el de José Luis Ábalos, Koldo García— mantuvo una comunicación permanente e insistente con el propio Torres y su equipo, gestionando el pago de los contratos firmados con los empresarios hoy imputados.

«Estoy encima de tu pago», le escribió Torres a Koldo. Y en ese luminoso “tu” se contiene casi todo. Porque, en puridad, el pago no era para Koldo García, sino para la empresa Soluciones de Gestión. Y si el presidente utilizó ese significativo “tu” es porque sabía que el asesor del ministro estaba representando a esos empresarios que facturaron millones por mascarillas compradas por encima del precio de mercado y que, encima, eran de inferior calidad a las inicialmente ofertadas.

A estas alturas de la película, sostener que las empresas de la trama, representadas por Víctor de Aldama, obtuvieron los contratos en Canarias sin mediación política es insostenible. Va contra la lógica más elemental que quien llama directamente a todo un presidente del Gobierno para acelerar unos pagos de facturas no haya intervenido anteriormente para conseguir esos contratos. Por mucho que se le quiera cargar ese mochuelo a los funcionarios o al director del Servicio Canario de Salud, tarde o temprano sabremos quién lo decidió.

La funcionaria que retrasó los pagos despertó la cólera del entonces presidente Torres hasta el punto de amenazar con cesarla. Fue ella quien alegó que los precios eran demasiado caros y que las urgencias impedían la correcta comprobación del material. Y fue claramente presionada para que se pagara.

El informe revela, además, falsedades estratosféricas. Torres afirmó, ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, que no conocía a la directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez. En las grabaciones de la UCO se demuestra que no solo la conocía, sino que la presionó hasta lo indecible para que pagara a las empresas de la trama corrupta.

Pero, además, Torres aseguró, de una forma tajante, que no conocía a Víctor de Aldama, que no había tenido ninguna relación personal con él. Pero la UCO ha establecido que estuvo con Aldama en un restaurante de Madrid, como queda acreditado en un audio con la voz del propio Torres. Fue en esa reunión donde Aldama le trasladó una nueva propuesta de compra de tests para el Covid.

Que los políticos mientan, hoy por hoy, no constituye delito. Menos mal. Porque si soltar trolas fuera delictivo, a estas alturas Ángel Víctor Torres estaría en galeras. Aunque igual es amnesia postraumática.

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