Esperanza y valentía

Sabemos que la transparencia es un indicio de calidad de un agua pura. Si la vemos turbia sabemos que, por prudencia, no debemos beberla. Protegemos nuestra salud.

La salud de nuestras administraciones se mide en nivel de transparencia. Cuanto más transparentes, se les presupone mejor salud para proteger los intereses generales (los nuestros).

Desde septiembre está en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante, vinculada en principio al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, circunstancia que no afecta a su autonomía e independencia (artículo 1.3 de su Estatuto). Si los fiscales podrían instruir causas judiciales y se les presupone imparcialidad, bien esta Autoridad Independiente merece voto de confianza.

Sus cometidos son más específicos. El primero: ofrecer protección a quien, como empleado público (en sentido amplio) delate las prevaricaciones que observe. De igual modo, con las malversaciones; viva en carne propia presiones para formular informes en un determinado sentido, reciba amenazas para que traicione sus propias convicciones o reciba maltrato laboral si no transige con la ilegalidad y lo revele.

El segundo: Apoyar y restaurar al ciudadano que, sabiendo de las corruptelas de su alcalde o concejales (por ejemplo), se atreve a denunciarlas y, como consecuencia, recibe notificación de una multa de tráfico por una infracción no cometida, o se le retira su vehículo por la grúa cuando está debidamente aparcado en la calle, o soporta rayaduras en la carrocería del coche, o padece retraso deliberado en tramitación de una licencia de obras solicitada. Son ejemplos reales.

Ciudadanos y empleados públicos podrían tener, en Canarias, una oficia de similares características; con campo de acción ceñido a nuestro archipiélago: una institución que ofreciera protección frente a cualquier revancha de quien, abusando de su posición de poder, puso la ley mirando a Cuenca.

No se olvida a los empresarios individuales y empresas que alzaren la voz para hacer visibles prácticas repulsivas. Si querían trabajar con determinadas administraciones, tenían que pasar por aros (peticiones de toda índole) de cualquier diámetro: quienes señalaran a cobradores de mordidas por adjudicar obras y obritas municipales en un ilegal uso de los dineros europeos ‘next generation’ en versión mutada a ‘next malversation’, ni a los delatores de los asiduos enfermizos al intercambio de favores –cohechadores y cohechados–, que tanto montan, montan tanto.

Y el tercero: para los propios políticos honestos, los más, obligados a recibir los embates de los garbanzos negros en sus filas… Esos que, de no plegarse al chantaje, boicotearían con escarnio toda oportunidad de progreso.

Fernando Clavijo, nuestro presidente, podría tomar la delantera y poner en funcionamiento la Oficina Canaria Antifraude, bajo este lema o principio: «Gracias, denunciantes». Evidenciar irregularidades lleva consigo problemas personales, familiares, de salud y profesionales. Es de valientes. De paso nuestro Gobierno sería más transparente, como el manantial de agua cristalina que mana de los altos de Vilaflor.

Hechos y no palabras: una Autoridad Canaria de Protección al Denunciante de todo atropello perpetrado con abuso de poder y con el dinero del pueblo canario.