Opinión | Editorial
Medidas para los autónomos

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tenido que dar un paso atrás en la propuesta de incremento de las cuotas de los autónomos que su departamento hizo llegar a la mesa de negociación con los agentes sociales y ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez en un nuevo brete.
La propuesta inicial desagradó a la asociación de autónomos próxima a la patronal española CEOE, que la calificó de «sablazo»; a las vinculadas a UGT y CCOO, que criticaron que la subida afectase proporcionalmente menos a los ingresos bajos que a los altos; y molestó profundamente a la Moncloa, que no se podía permitir, y al parecer no se esperaba, desatar un incendio en estos momentos.
En 2022, Gobierno de España, oposición y sindicatos aprobaron una hoja de ruta hasta 2032 por la cual los autónomos verían equiparada progresivamente su cotización y sus prestaciones, Ahora estaba sobre la mesa la negociación sobre cómo proseguía ese proceso. Pero la ministra elevó una propuesta que modificaba sustancialmente lo acordado en la primera fase de esta reforma y dependía, además del diálogo social, de unos apoyos parlamentarios en absoluto garantizados. En una legislatura con apoyos políticos cada vez más volátiles y con un permanente clima preelectoral se hace inviable emprender ninguna reforma de calado.
El Gobierno de Canarias ha estado hábil y ha salido al paso del error con un paquete de medidas para ayudar a los trabajadores por cuenta propia a conciliar vida laboral y familiar. El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, anunció esta semana en el Parlamento de Canarias cuatro actuaciones para paliar lo que denominó como «innecesaria inquietud» ante el anuncio, con posterior rectificación, de la ministra Elma Saiz, sobre la subida de las cotizaciones a los trabajadores autónomos, unos 145.600 en las Islas. De ellos 91.608, el 62, 4%, son hombres y 54.991, mujeres, el 37,6%.
Canarias pretende activar ayudas para contratar personal por baja maternal o paternal o embarazo de alto riesgo; cubrir los costes del cuidado de personas dependientes o niños al cargo de los autónomos, caso de guarderías y residencias; bonificar los tipos de interés de los préstamos destinados a inversiones productivas; y, como principal propuesta, abonar las cuotas a la Seguridad Social durante un máximo de dos meses de situación de incapacidad temporal con el objeto de evitar los perjuicios que acarrea al autónomo ponerse enfermo y pagar cuotas mientras no puede desempeñarse en su labor. Durante el pasado año, 16.157 trabajadores por cuenta propia iniciaron procesos de baja por incapacidad transitoria en las Islas.
Este plan canario, tras la sorpresa y confusión causada a nivel estatal por el anuncio y rectificación de la ministra, se une a otras medidas que ya puso en marcha el departamento que dirige Domínguez, como la cuota cero, de la que se beneficiaron en la convocatoria de 2024 más de 3.000 autónomos. O la creación del Observatorio del Autónomo, que elabora un informe trimestral que ayuda al Gobierno de Canarias a diseñar líneas de actuación para este colectivo. De hecho, a través de los análisis y datos proporcionados por este ente se ha decidido impulsar el programa +uno52, que trata de promover la inserción laboral de personas de más de 52 años, al que se une el Concilia para apoyar la armonización de la vida familiar y laboral de los trabajadores por cuenta propia.
La prosperidad de los autónomos supone la prosperidad de Canarias y del conjunto del país. Se precisan reformas y medidas que generen confianza, certezas y un horizonte que no esté condenado a la precariedad ni al aislamiento. La iniciativa de quienes que se embarcan en el trabajo por cuenta propia merece que las administraciones las apoyen y no las penalicen con incomprensión y falta de seguridad.
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