Gasto, ineficiencia y parálisis, el dilema de la gestión pública en Canarias

En los últimos diez años, el gasto de personal de la Comunidad Autónoma de Canarias ha aumentado en 2.400 millones de euros, un crecimiento que refleja más el peso del aparato administrativo que la mejora de los servicios públicos. Las cifras son elocuentes: se han incorporado más de 13.000 empleados al sector público, pero los indicadores de ejecución, calidad y productividad no muestran avances proporcionales.

El incremento presupuestario se ha convertido en un fin en sí mismo, sin acompañarse de los medios, infraestructuras ni herramientas de simplificación necesarias para traducir ese gasto en eficiencia real. El resultado es una administración pública más grande, pero no más eficaz.

Entre 2019 y 2024, Canarias ha visto cómo la inflación ha paralizado 837 obras públicas por un valor total de 477 millones de euros. El aumento de precios, combinado con la falta de actualización de costes en los pliegos de contratación, ha generado una avalancha de concursos desiertos, especialmente en el ámbito municipal y autonómico.

Lo que en un primer momento parecía un problema coyuntural se ha convertido en una patología estructural: la administración es incapaz de adaptarse al contexto económico y, en consecuencia, bloquea su propia capacidad de inversión.

Mientras el gasto corriente crece, la inversión productiva se detiene. Y con ella, se detiene también la economía real que debería beneficiarse de esas obras –empleo, innovación, mejora de infraestructuras y cohesión territorial–.

Cada obra paralizada no solo representa un proyecto perdido, sino también un doble coste administrativo.

Reiniciar el proceso significa repetir licitaciones, informes, verificaciones y revisiones jurídicas que se solapan con las nuevas convocatorias. Esto genera un cuello de botella que retrasa la ejecución durante años, agravando la parálisis económica y minando la confianza de las empresas privadas en el sistema.

El problema no es solo financiero, sino de gobernanza: la burocracia se ha vuelto un fin en sí misma, más preocupada por cumplir procedimientos que por alcanzar resultados.

Canarias no necesita más gasto, necesita mejor gestión.

La patronal ha señalado con razón la ‘perversión del sistema’: al endurecer las condiciones de licitación sin actualizar precios, las administraciones favorecen a las empresas públicas, desplazando a las privadas del mercado.

El resultado es un modelo cada vez más cerrado, donde la administración se sustituye a sí misma como ejecutora, concentrando poder y reduciendo competencia.

Pero ningún Estado puede sostener el desarrollo económico si convierte al sector privado en espectador pasivo de la inversión pública.

La solución no pasa por recortar empleo público, sino por dotarlo de medios, infraestructuras y herramientas de gestión eficientes.

Un aumento del personal sin capacidad operativa es solo una subida de gasto; no mejora la productividad ni la calidad del servicio.

Canarias necesita una colaboración público-privada eficaz, que recupere la confianza en las licitaciones, reduzca la burocracia y priorice la inversión sobre el gasto corriente.

La administración debe aprender a reconocer sus errores y corregirlos con agilidad, en lugar de esconderlos tras nuevas convocatorias y promesas presupuestarias.

El dinero existe, los fondos están ahí, pero sin un sistema funcional que los ejecute, la riqueza no se transforma en bienestar.

Canarias se enfrenta a un dilema que define su futuro: ¿seguiremos alimentando un modelo que gasta más pero hace menos, o apostaremos por uno que invierte mejor y ejecuta más rápido?

La respuesta no está en los números, sino en la mentalidad: menos burocracia, más realidad. Solo así la política podrá volver a ser un instrumento al servicio de la sociedad, y no un círculo vicioso de gasto improductivo.