Instruye como puedas

El Gobierno de Sánchez quiere aprobar su gran reforma judicial en la que viaja una de las medidas más polémicas de nuestra reciente historia democrática: la pretensión de arrebatar la instrucción de las causas penales a los jueces para entregárselas a los fiscales. Y como al jefe de los fiscales, que es el fiscal general del Estado, lo nombra el Gobierno y depende del ministro de Justicia, lo que se pretende se asemeja a dar un golpe de mano para que sea el propio Gobierno quien controle en cada caso los procesos judiciales.

Los intentos de reformas judiciales de Sánchez han terminado, hasta ahora, naufragando en el Congreso de los Diputados, donde encalló, por ejemplo, su pretensión de reformar y limitar la incómoda acción legislativa popular que se ha convertido en una mosca cojonera capaz tanto de emplumar al yerno del rey emérito como de poner contra la espada y la pared a la propia esposa del presidente Sánchez. La propuesta era tan evidente y tan tosca, en su pretensión de cargarse una figura constitucional como la acción popular ante la Justicia, que hasta los socios de investidura tuvieron que votar en contra.

Hay que tener los higadillos de un tamaño especial para proponer una reforma de la instrucción judicial poniéndola en manos de los fiscales justo en el momento en que el fiscal general está sentado en el banquillo de los acusados. Pero uno ya no se sorprende por nada en este país de las maravillas. Desde el Gobierno se asegura que las nuevas normas, cuando entren en vigor, no afectarían a los casos que ya están en marcha: o sea, al del fiscal, el hermano y la mujer del presidente del Gobierno. Como si eso pudieran tranquilizar a un país que observa que una parte de la instrucción judicial puede quedar en manos de los políticos que están en el poder, sean del signo que sean.

El paso previo para pasar a los fiscales la carga de la instrucción penal es que su sistema de elección y funcionamiento sea independiente. Los dos grandes partidos políticos de la democracia española –y algunos socios transeúntes– jamás han podido ocultar su propósito de controlar el Poder Judicial, donde se han producido algunos de sus enfrentamientos más sonados. A pesar del manoseo político, de la militancia y las puertas giratorias, los jueces siguen manteniendo a trancas y barrancas una imagen de imparcialidad y profesionalidad. La única manera de que esto se refuerce es que se potencien los procedimientos que protejan a los protagonistas de la carrera judicial no de la política –que en democracia es un ejercicio legítimo– sino de la influencia directa de quienes gobiernan. Y eso es algo que en la reforma que propone el Gobierno de Sánchez brilla por su ausencia.

La nueva reforma judicial –que es muy compleja– tiene cosas buenas. Y moderniza algunas obsolescencias. Pero que se apruebe por el Gobierno con el jefe de los fiscales a punto de sentarse en el banquillo no solo es inoportuno, es claramente provocador. Solo queda imaginar, como en una película de la saga ‘Aterriza como puedas’, a un fiscal instruyendo el caso contra su jefe fiscal que instruye un caso contra su jefe ministro que instruye otro contra su presidente de Gobierno. Pura película.

Suscríbete para seguir leyendo