La cara oculta de la economía

El Gobierno español presume, y con razón, del buen rumbo de la economía. Recuérdese aquella famosa frase del presidente Sánchez cuando afirmaba que nuestra economía no iba como una moto, sino como un cohete. Pero, como casi todo en esta vida, las cuestiones económicas tienen dos caras. Cuando el Gobierno habla de economía, se refiere a la parte que más le interesa: la macroeconomía. Y es cierto que el FMI acaba de actualizar sus previsiones de crecimiento global y nos sitúa entre las economías que más crecen.

Sin embargo, dicho crecimiento no logra corregir la precariedad que la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie perciben en su bolsillo. Es indudable que existe un desequilibrio entre el esfuerzo financiero de las familias y el encarecimiento de la cesta de la compra, el coste de la vivienda o el estancamiento de los salarios. De hecho, los datos sobre la pobreza en España, según el INE, son inapelables: 27,8% de la población vive en el umbral de la pobreza y un 6,9% se haya en la pobreza más severa.

Pareciera que quieren tanto a los pobres que no dejan de crearlos.

Aun así, el gobierno sigue exprimiendo el bolsillo de los españoles con continuos, injustos y confiscatorios aumentos de impuestos –se estima entre 80 y 90 subidas–, sin olvidar lo que recauda debido a la no deflactación del IRPF para compensar la inflación, un cálculo que se estima entre 11.000 y 15.000 millones de euros desde 2019.

Un ejemplo más lo hemos visto recientemente con el proyecto del plan del Gobierno para aumentar la cuota a los 3.414.593 trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, donde se contemplaba un incremento en las cotizaciones desde los 17,37 euros al mes en 2026 hasta los 206,24 para los del último tramo. Pero ante el gran escándalo que se generó, la ministra Elma Saiz no ha tenido más remedio que dar marcha atrás. Entre otras razones, porque ni sus socios de gobierno apoyan semejante disparate.

A pesar de lo que afirma la izquierda –y sus terminales mediáticas–, con el líder de UGT a la cabeza, en España no sobran autónomos, y su desaparición, en contra de lo que ellos opinan, no es una buena noticia. Los profesionales por cuenta propia son, junto con la clase media de este país, uno de los pilares fundamentales que sustenta la economía: pequeños negocios como mercerías, panaderías, bares… y las diferentes actividades profesionales tales como agricultores, mecánicos, periodistas, médicos, abogados… son los que hacen que el país funcione.

Parece como si este Gobierno estuviera en contra de la autonomía personal y laboral de los españoles. Prefieren crear ciudadanos dependientes que, a su vez, puedan convertirse en estómagos agradecidos y, por consiguiente, en potenciales votantes de la causa sanchista. Es evidente que nos quieren cada vez más dependientes del Estado. Si nos atenemos a los datos, casi 19 millones de españoles dependen del Estado de una u otra forma: tres millones de funcionarios, casi 10 millones de pensionistas (y aumentando), en torno a dos millones y medio de parados, sin olvidar el millón largo de lo que ellos denominan fijos discontinuos –que no deja de ser un paro encubierto–, a lo que se suman los 2,2 millones que dependen del Ingreso Mínimo Vital.

Se olvidan de que la riqueza de un país la crean –a diferencia de la clase política parasitaria– los empresarios, grandes, medianos y pequeños, junto con la clase media. Da la impresión de que quieren acabar con el emprendimiento. No es de extrañar, por tanto, que cada vez más jóvenes mejor preparados —se estima que la tendencia es de unos 35.000 al mes— se marchen al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales.

El intervencionismo nunca es bueno, y menos aún cuando se trata de inmiscuirse en la economía doméstica. Pero no solo se trata de defender nuestros bolsillos –que también–, sino de defender nuestra libertad como ciudadanos.