En la singularidad

El Gobierno de Canarias tiene en rampa de lanzamiento los presupuestos para el próximo año, que ascienden a la friolera de doce mil quinientos millones, de los cuales más de cinco mil se irán en nóminas públicas. Nada nuevo bajo el sol. Las administraciones siempre gastan más. Crecieron incluso en lo más crudo del crudo invierno de la última crisis económica, porque lo público tiene una clientela asegurada en la mansa granja que paga religiosamente el diezmo de lo conseguido con el sudor de sus cornamentas.

Como ocurre en los agujeros negros, nuestro país ha sido atraído hasta el horizonte de sucesos que nos lleva de cabeza a la singularidad, un punto donde las leyes de la física –y la política– que conocemos dejan de tener sentido. Lo que está pasando en España no tiene nombre. Los últimos presupuestos se aprobaron a finales de 2022 por un Congreso que ya no existe. El actual ha sido incapaz de aprobar unas cuentas públicas. Y lo que es peor, el Gobierno, pasándose lo dispuesto por la Constitución por el refajo, ni siquiera se ha tomado la molestia, en estos últimos años, de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos para su votación. Parece que este año sí. Ya veremos.

Después de todas las votaciones que se han perdido y desaparecida la ilusión óptica de que existe una mayoría que apoye al Sanchismo, es probable que ya no importe ni mucho ni poco que el Congreso rechace unos presupuestos. Será flor de un día en un jardín densamente plantado de derrotas parlamentarias.

Para el Gobierno de Canarias es importante conocer el detalle de los ajustes de gasto que se decidan en Madrid. El programa de estabilidad para 2026 prevé la obligación de tener un superávit del 0,1%. Si se afloja la tuerca y se permite un mayor gasto sería una bendición para unas cuentas que arrastran por un lado dinero sin gastar y por el otro servicios por pagar. En Sanidad siempre cerramos el año doscientos o trescientos millones por encima de lo presupuestado –que se pasan de una patadita al siguiente ejercicio– y en otras áreas queda dinero por ejecutar. Pero en Madrid no te dejan hacer la cuenta de la pata que se haría en cualquier empresa privada, donde se compensaría lo que falta con lo que sobra.

El problema es que desde Montoro a Montero, desde el anterior Gobierno al actual, el criterio de la Administración Central es que para permitirse a sí misma gastar más de la cuenta necesita cerrarle el grifo a las Comunidades Autónomas. Lo que se quita por abajo se gasta por arriba. Ahí sí que funciona la teoría de los vasos comunicantes.

El Gobierno de España, y estamos en noviembre, sigue sin fijar la tasa de referencia para el año que viene –una especie de euríbor para las administraciones públicas– y, lo que es más importante, sin anunciar la propuesta del techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria para 2026. La ministra del ramo y la rama, María Jesús Montero, ha anunciado que será cuestión «de días». Pero no ha dicho cuántos. Y con todo esto en el aire, Canarias ni sabe ni puede saber cuánto va a rascar en las nuevas cuentas públicas. Y ni siquiera si las habrá o serán las mismas de siempre con una nueva capa de maquillaje. n