La administración del 55%

La Audiencia de Cuentas ha publicado uno de sus informes más interesantes de los últimos años (Fiscalización de la ejecución presupuestaria de Inversiones Reales 2019-2023) en el que se concluye que de las inversiones previstas y planificadas por el Gobierno autonómico solo se ejecutan anualmente poco más del 55%. No, no es fracaso atribuible solo al actual gabinete. El Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres se movió en un porcentaje muy parecido. Cuantas más perras manejan, peor lo hacen.

Lo que falla no son las estrategias políticas sobre el desarrollo o las decisiones inversoras o las prioridades en la acción de gobierno. Lo que falla es la técnica administrativa y, más ampliamente, la propia administración autonómica, sus procedimientos burocráticos y su redundante y machacona mecánica interna. La Audiencia de Cuentas lo deja claro: insuficiente definición de las inversiones para su ejecución, dispersión de unidades de contratación (nada menos que 47 y en el caso del gestor de expedientes de contratación electrónica hasta 67), carencia de personal debidamente formado para evaluar proyectos y alegaciones, multiplicación de trámites interadministrativos y estudios previos.

Es un puñetero desastre al que nos hemos acostumbrados, y a esa mala costumbre tenemos que agradecerle vivir peor, porque una administración lenta, lerda, abusiva e incapaz nos afecta a todos. Las administraciones públicas canarias –especialmente la administración autonómica– representan uno de los problemas más graves del país. Un problema estructural y urgente que raramente se le considere así por nadie y menos que por nadie –sospechosamente– por los grandes partidos políticos.

Si el instrumento para cualquier reforma económica y social –y para una gestión eficiente y eficaz de los servicios públicos– ha entrado en una ineficacia crónica y amenaza obsolescencia, ¿qué podemos esperar?

El Gobierno de Fernando Clavijo prepara una reforma de la ley de la administración pública canaria de 1987, pero la conozco poco. Me parece que han errado en el planteamiento inicial. El procedimiento legislativo habitual debería haberse acompañado paralelamente con un espacio de debate sistemático con organizaciones políticas, empresariales, sindicales y universitarias. No puede ser la ley de una mayoría, sino una norma que cuente con un consenso básico –al menos– entre Coalición, PSOE, PP y Nueva Canarias, que luego pueda trabajarse parlamentariamente.

Porque el inmovilismo de los funcionarios es y será brutal. La reforma no puede limitarse a una reorganización de efectivos y una reevaluación de la carrera profesional, y si resulta necesario se debe complementar con otras leyes y reglamentos.

Los millares de jubilaciones que se producirán en los próximos cinco y diez años en la función pública canaria debe aprovecharse como una coyuntura propicia al cambio: adecuar la formación curricular y ocupacional a las necesidades –más informáticos y programadores, más economistas, más ecólogos y más urbanistas que licenciados en Derecho–, cambiar, simplificar y limitar los procedimientos con otras administraciones, centralizar las unidades de contratación y, en general, impulsar una tramitación con plazos más cortos y menos exigencias documentales, reordenar los incentivos laborales de los funcionarios y fiscalizar su labor, minimizando la procrastinación y la desidia, normatizar con alta exigencia profesional la selección de las élites administrativas.

La lista –me temo– no agota el catálogo de las necesidades imperiosas. Son, simplemente, algunos objetivos inaplazables. Si se siguen ignorando como hasta ahora, la administración autonómica puede colapsar en los próximos años con un extraordinario coste político, económico y reputacional y unos ciudadanos que aplaudirán actitudes más autoritarias, más draconianas y más irrespetuosas con la ley en los futuros gobiernos. Ciudadanos que preferirán la eficacia en la gestión a las elecciones sindicales.

Una administración pública fracasada también daña profundamente el sistema democrático y deslegitima sus estructuras institucionales y jurídicas.

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