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Opinión | RETIRO LO ESCRITO

Una desconfianza justificada

Se pueden columbrar cosas pasmosas en el año y medio que resta hasta que Sánchez convoque las elecciones, si no las adelanta, lo que no cabe descartar del todo: pasado mañana puede estallar un pequeño dispositivo nuclear en la frontera entre Ucrania y Rusia y a ver qué ocurre

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez / Mateo Lanzuela - Europa Press

Existen dos razones básicas por las que el Gobierno central siempre hace lo mismo, es decir, no pagar lo que debe en virtud de los compromisos contraídos al Gobierno de Canarias hasta final del año. Primero se trata, ni más ni menos, de demostrar quién manda aquí. Es una actitud que Pedro Sánchez y sus ministros practican invariablemente. Frente aquellos de los que depende su estabilidad parlamentaria – cada vez más averiada durante esta legislatura – la posición predominante es la genuflexa. Se busca satisfacer en lo posible las demandas pactadas y cuando no posible – Sánchez sabe a priori que determinadas concesiones no son posibles dentro del orden constitucional – se buscan otro tipo de gratificaciones y casi siempre se encuentran. Básicamente se trata de cuatro fuerzas políticas: Junts per Catalunya, ERC, el PNV y Bildu.

Por supuesto que son perceptibles distintos matices, pero el rasgo común de todos es una representación de cierto peso en el Congreso de los Diputados. Coalición Canaria cuenta con una única diputada. La situación de Sánchez en la Cámara Baja es tan precaria que incluso un diputado vale ciertas penas, pero en absoluto resulta determinante. La suya no es precisamente una política de Estado: la buhonerización de las relaciones políticas y parlamentarias ha llegado bajo el sanchismo a una situación a medio camino entre un mercado callejero y un circo de pulgas. Si tienes siete escaños, como Junts, puedes a cambio de la investidura presidencial ofrecerles la amnistía a los condenados judicialmente por la insurrección en Cataluña.

La segunda razón está relacionada con ese valor de llavín del escaño que ocupa Cristina Valido. No reconocer las obligaciones económicas y financiadas contraídas con las autoridades canarias hasta muy avanzado el año supone cierta presión sobre la diputada coalicionera. Una actitud muy agresiva en la tribuna, un voto disciplicente en el Congreso de los Diputados, pueden retasar más las cosas. Así juegan al regate corto y se garantizan una cierta promesa de diálogo y apoyo. Por eso aunque se pueda confiar relativamente a que esos 400 millones llegarán a las arcas del Gobierno regional en las próximas semanas, la tramitación y aprobación del llamado decreto ley canario genera más dudas. El decreto sería un instrumento que garantizaría que los objetivos de la agenda canaria contarían con una financiación estable pero ¿cómo fiarte de que el Gobierno cumpla sus propios decretos? Pero si micciona cálidamente sobre autos del Tribunal Supremo.

Se pueden columbrar cosas pasmosas en el año y medio que resta hasta que Sánchez convoque las elecciones, si no las adelanta, lo que no cabe descartar del todo: pasado mañana puede estallar un pequeño dispositivo nuclear en la frontera entre Ucrania y Rusia y a ver qué ocurre. Veremos la estafa de gobernar durante toda una legislatura sin presupuestos generales. Veremos las compensaciones más chuscas a JxC y a ERC para que no dejen de votar una producción legislativa cada vez más agónica. Veremos un recrudecimiento de lo que llaman guerra cultural y, en general, del enfrentamiento gerracivilista entre la España progresista y la España facha y, como decía Machado, las dos nos helarán el corazón.

Veremos que se renuncia a cualquier reforma estructural en materia de educación, de sanidad, de pensiones públicas, de I+D+i. En puridad podremos ver cualquier cosa en un país que la locomotora económica de Europa aunque los salarios se agoten a mediados de mes, alquilar una vivienda sea una dolorosa heroicidad y comprarla se haya convertido en imposible para toda una generación al que se le hundió para siempre el ascensor social. Sinceramente que en medio del muy previsible pandemóniun que nos espera en los próximos veinte meses se me antoja dudoso que el incumplimiento de un decreto sea siquiera noticia. Si no cumple con un precepto constitucional como la presentación en las Cortes de los presupuestos generales, ¿por qué va a cumplir con una estructura de transferencias e inversiones en Canarias? Estamos condenados a vivir tiempos interesantes, trampas asombrosas, traiciones indecentes, propaganda triunfante y mentiras sin parar.

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