Solidaridad selectiva

El comité federal del PSOE y el congreso del PP reafirman la convicción de que es imposible que se produzca el más mínimo acuerdo entre los dos grandes partidos del país. Ambos han elegido el camino de una guerra abierta en cualquier frente, en la que no se respetan prisioneros. El reparto de menores migrantes no acompañados que el Gobierno tiene previsto ejecutar, dicen que en agosto, marca un antes y un después en la gestión de una crisis humanitaria que, hasta ahora, ha recaído casi exclusivamente sobre los hombros de Canarias. Tras años de demandas, recursos colapsados y advertencias reiteradas desde el Archipiélago, por fin se producirá el traslado de casi 4.000 menores de los cerca de 6.000 que se amontonan en los centros de las islas. El Gobierno Sánchez ha optado por tratar a las regiones con un mecanismo aprobado por el Consejo de Ministros, que deja tras de sí un reguero de agravios, decisiones opacas y un tufo innegable a cambalache político.

En este país nada se salva del escándalo. Lo que ocurre es que estamos ya tan acostumbrados, que todo parece darnos igual. Personalmente, me parece escandalosa la exclusión del País Vasco y de Cataluña del reparto obligatorio. La ministra Sira Rego justifica esta decisión en el «esfuerzo previo» de ambas comunidades. Es cierto que Cataluña ha acogido al mayor porcentaje de menores en la península. Pero sería ridículo ignorar que se trata de una cesión más al chantaje permanente de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Fernando Clavijo negoció personalmente con Junts que Cataluña quedara fuera del reparto para que apoyara la modificación de la Ley de extranjería. Asumo que fue un acierto para Canarias lograr lo que el PSOE se mostró poco interesado en conseguir, pero me repugna que las negociaciones con Junts siempre pasen por tener que asumir su absoluto desprecio por la solidaridad entre regiones, y la posición arrogante y egoísta de una nación catalana por encima de todo y de todos.

Los mismos que blindaron la amnistía, el cupo y otras medidas clave para la supervivencia de Sánchez se libran ahora de acoger a los menores que el resto deberá recibir. El resultado es elocuente: Tres gobiernos regionales del PP asumen casi la mitad del total del reparto, mientras que Castilla-La Mancha, donde gobierna García-Page, también figura entre las comunidades con mayor carga.

Una vez más, el principio de solidaridad se transforma en moneda de cambio. La decisión es especialmente grave porque contamina de arbitrariedad una medida que, por primera vez, representa un cierto alivio para las islas. La presión insostenible sobre el sistema de acogida del Archipiélago había alcanzado cotas inasumibles, hasta el punto de que el propio Tribunal Supremo obligó al Gobierno Sánchez a actuar en la tramitación de los expedientes de asilo de un millar de chicos, a los que el estado que acogió al Aquarius y sus refugiados, ha tratado poco menos que como delincuentes sin derechos.

Desde ese punto de vista, la reubicación de menores es un éxito político que debería reconocerse a la persistencia del Ejecutivo canario y de las instituciones isleñas. Pero eso no puede esconder que el mecanismo de distribución nace herido por la desigualdad. Y tampoco ayuda que el Ejecutivo haya decidido cubrir con fondos estatales solo los tres primeros meses de acogida. Tras semanas de indefinición y falta de transparencia, se ha aprobado una partida de cien miserables millones de euros para repartir entre todas las autonomías, pero sin compromiso firme de financiación estable más allá del trimestre inicial. Es tanto como asegurar que el cuidado, la educación y la integración de miles de menores migrantes es una tarea de la que el Gobierno de la nación va a desentenderse dentro de noventa días. Una visión que ofende a las comunidades receptoras, pero también a los propios niños, tratados de nuevo como una carga transitoria.

La decisión de excluir a Cataluña y Euskadi es también una burla al principio constitucional de igualdad entre regiones. No hay razón objetiva para liberarles del reparto, máxime cuando han dispuesto de recursos y competencias que les permitirían asumir su parte con solvencia. Que Cataluña se ofrezca ahora a acoger voluntariamente a 31 menores no compensa su excepción del sistema general. Es más bien un gesto simbólico para maquillar una absoluta injusticia.

Este tipo de decisiones erosiona la confianza entre instituciones, ahonda en la percepción de privilegio político y convierte la solidaridad en una herramienta clientelar. El Gobierno no puede exigir cohesión autonómica mientras premia a quienes bloquean las decisiones comunes y castiga a quienes cumplen con su deber institucional.

El reparto de menores no acompañados es, pues, una buena noticia mal gestionada. Es positivo romper con la inercia de abandono a Canarias. Pero es inaceptable que se haga a costa de socavar la equidad territorial y banalizar la obligación de financiar los servicios que el Estado impone. Los menores no pueden seguir siendo rehenes de las urgencias políticas del Gobierno ni de la aritmética parlamentaria de esta triste legislatura.

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