El rey del relato frito

Como todo ya da más o menos lo mismo, el presidente Pedro Sánchez anunció al finalizar la cumbre de la OTAN –donde cantinfleó con porcentajes de gastos como un bellaco– que el Tribunal Constitucional avalaba la ley de amnistía redactada por los abogados de Puigdemont. Los magistrados tenían anunciado reunirse ocho o diez horas más tarde para tomar su decisión definitiva, pero Sánchez quería apresurarse a difundir la buena nueva. ¿Quién le iba a afear la conducta? ¿Conde Pumpido? Es casi divertido que la gente se haya olvidado del pasado de Conde Pumpido, como si su coyunda con el PSOE fuera un incidente sanchista. El padre del actual presidente del Constitucional fue teniente fiscal del Tribunal Supremo durante la dictadura franquista, pero como Conde Pumpido es progresista de verdad, nadie a la izquierda se lo recuerda. Si fuera de derechas, en cambio, se le definiría como un cachorro de la judicatura fascista, un hijo de los defensores de un régimen oprobioso que se cuadraban frente al Generalísimo y metían en la trena a aquellos que nos diga Su Excelencia.

El indulto a los cabecillas y sus colaboradores necesarios de la asonada independentista en Cataluña podía defenderse razonablemente desde un punto de vista democrático y constitucional porque, en efecto, muy probablemente contribuiría a rebajar las tensiones políticas en la comunidad catalana. En plata: saldrían de la cárcel y quedarían en libertad, pero no se les eximiría de la pena de inhabilitación para cargo público. En el caso de Oriol Junqueras –presidente de ERC y vicepresidente del Gobierno autonómico que pretendió saltarse la legalidad constitucional y estatutaria– el periodo de inhabilitación era el más largo: hasta 2031 no podrá presentarse a las elecciones ni ser designado nada de nada. El año pasado el Supremo decidió –con argumentos jurídicos sólidos– que el indulto tampoco podría cubrir los delitos de malversación de fondos. Los independentistas de ERC clamaron furibundamente. Sus dirigentes –sus delincuentes– no pueden estar cuatro, cinco o seis años sin presentarse a las elecciones. Es un ataque terrible a gentes que solamente intentaron, de manera emocionadamente unilateral, desgajar un país e implantar una republiquita por sus sagradas gónadas. Por todo esto y mucho más –un todo que afecta a poco más de un centenar de ciudadanos, incluido Puigdemont– la primera exigencia de JxC –y a su remolque ERC– a Pedro Sánchez el 25 de junio de 2023 fue una ley de amnistía. Apenas cuatro o cinco días antes Sánchez y sus ministros corifeos se cansaron de repetir en entrevistas y mítines que no había amnistía para los delincuentes catalanes.

Por favor, no me obliguen a escribir lo obvio que ya ha sido lo suficientemente escrito. Sánchez perdió las elecciones, pero con el voto de los siete diputados puigdemonistas podía ser investido de nuevo presidente. No lo dudó ni 24 horas. No fue un acto de audacia que transformara la necesidad buhonera en virtud política sino una irresponsabilidad pringosa, estúpida, cargada de cinismo y extraordinariamente peligrosa. Es cierto que el PP no cuenta con un proyecto de país. Pero es que el PSOE no tiene un proyecto en el que no figure Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español durante los lustros por venir. Por el momento ha reconocido que quiere dormir en La Moncloa hasta 2031, luego, ya se verá. Igual opta por no dormir.

El aval del TC a la ley de amnistía es una pésima noticia democrática. Para Cataluña y para España. Y aún resta eliminar higiénicamente la malversación y aprobar este mismo año la ley que regulará el cupo catalán y partirá el espinazo a le estructura fiscal de España. Pero qué puñetero estadista nos ha caído encima. Un genio de la sinvergüencería. El rey del relato frito.

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