Opinión | El recorte

Hechos consumidos

Ángel Víctor Torres.

Ángel Víctor Torres. / María Pisaca Gámez / ELD

Vamos a ceñirnos a los hechos. Empresarios y políticos crean una red de empresas para manejar contrataciones públicas. Esa red consigue vender más de 20 millones de euros en material sanitario en las Islas Canarias durante los meses aciagos de la pandemia. Y por esas ventas millonarias, a la vista de las grabaciones existentes, se pagan comisiones.

Koldo García, asesor del ministro de Obras Públicas y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aparece en varias conversaciones y mensajes con el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, urgiendo a que se hicieran pagos pendientes a esas empresas.

Todo esto no son suposiciones. Ni bulos. Ni tergiversaciones de la realidad. Existió la trama y existieron los contactos. Y ante esta aplastante evidencia, quienes gobernaron Canarias en esos momentos deberían despejar todo tipo de dudas. Aceptar que trataron –aunque entonces no lo supieran– con una red criminal, como la ha denominado la UCO, y que además hicieron el canelo. Porque muchas mascarillas que se compraron resultaron ser inadecuadas y los precios a los que se vendieron estaban inflados, muy por encima del precio al que compraron otras comunidades autónomas.

Pero hasta el momento, el guión de los responsables del Gobierno que gestionó la pandemia se ha centrado, insólitamente, en sacar pecho. En decir que todo se hizo bien. Que se protegieron vidas. Y que en ese salvífico comportamiento fueron los decisivos los políticos, pero que justo en esas compras no tuvieron nada que ver. El lenguaje de las explicaciones se llena de impersonales reflexivos: «se» decidió, «se» nos informó, «se» acordó. Pero… ¿quién lo hizo? Nadie lo sabe. Dicen que los técnicos del Servicio Canario de Salud fueron los que decidieron las compras. ¿Qué técnicos? Se desconoce. Y a estas alturas, pasados ya demasiados meses de los hechos que se ventilan, ese relato parece tinta de calamar.

El expresidente Torres mantiene que su Gobierno es ajeno a cualquier tipo de chanchullo. Ni en las compras de material sanitario a la trama Koldo ni en la adjudicación de las obras en el edificio Royal de Las Palmas. Aceptando, con los ojos regañados, que se la metieran doblada, lo que resulta imposible es negar la chapuza. Porque en las compras de la pandemia se enriquecieron unos golfos y las obras del Royal quedaron abandonadas porque la empresa salió por patas dejando un pufo. Ante esas evidencias, ponerse de perfil termina oliendo a tripas de pescado.

Pero hay otra sombra aún más negra: la multimillonaria red del petróleo venezolano que pasaba por República Dominicana. Torres afirmó tajantemente, en el Parlamento de Canarias, que no tiene absolutamente nada que ver con la trama liderada por Víctor de Aldama, que intentó montar un tinglado petrolero en Canarias. Hay medios de comunicación en Madrid que advierten que van a salir evidencias de reuniones que implican al ministro y a otros altos cargos socialistas. Cuesta mucho creer que Torres se haya jugado su carrera política afirmando algo que pudiera ser desmentido. Pondría la mano en el fuego, si no fuera porque en la unidad de quemados ya no queda sitio.

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