Reformas huérfanas

Allá por 2011, todavía bajo los efectos económicos de la catastrófica crisis de 2008, el economista Jordi Sevilla, quien fuera ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y ocupara un escaño en el Congreso de los Diputados entre 2000 y 2007, publicó un libro muy breve, Para desbloquear España. Es un análisis cuyo punto de partida se le antojaba muy obvio al autor: España exige como imprescindible un conjunto de reformas políticas, económicas y jurídicas para que el país funcione mejor, se crezca sanamente, la creatividad empresarial puede prosperar y se consolide el Estado de Bienestar. Una democracia representativa dinámica y garantista en el que aumente la participación política sobre la partidocracia que amenaza con la confiscación del Estado. Encontré esta mañana el pequeño volumen, de unas noventa páginas, y comencé a releerlo y al final quedé empapado en la melancolía.

El libro está escrito en los últimos meses de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el presidente ya había anunciado que no se presentaría a la reelección por segunda vez. Ya por entonces Sevilla hablaba de «polarización creciente» en la política española, cuando en realidad entonces el panorama era, comparativamente, la de un estanque de cisnes, con aguas putrefactas, pero plumaje más o menos intacto. Después llegarían Ciudadanos, Podemos y Vox, el desafío del procés, el levantamiento independentista en Cataluña y, sobre todo, Pedro Sánchez (Es curioso que Sánchez encargara a Sevilla coordinar las negociaciones con Albert Rivera y Pablo Iglesias para articular un tripartito, fugaz ensueño en el que el único que parecía creer era el propio Sevilla).

Pero lo realmente desasosegante es que las reformas propugnadas por el exministro –en las que suelen coincidir analistas de izquierda moderada y de derecha templada– han quedado huérfanas para siempre. Sólo se han producido cambios en materia fiscal: en 2011 las restricciones en el gasto público de Bruselas eran feroces y Sevilla las criticaba, abogando por la flexibilidad, aunque compartiendo que la moderación del gasto era una meta irrenunciable. La crisis del Covid eligió otra vía: aumentar el gasto público con un fuerte endeudamiento para mantener la cohesión social y modernizar la economía europea. Lo primero se ha conseguido parcialmente. De los segundos solo pueden registrarse elementos aislados de cambio y renovación en la producción económica y el empleo.

Todas las restantes reformas están congeladas. El sistema de pensiones públicas, por ejemplo. Simplemente se ha indexado de nuevo el crecimiento de las pensiones con el incremento anual del IPC y el que venga atrás, que arree. El resultado es que los mayores de 65 años disfrutan de una pensión media que araña los 1.500 euros, mientras que el suelo medio de los menores de 35 apenas alcanza los 1.350 euros. La Seguridad Social arrastra un pasivo superior a los 100.000 millones de euros y ha duplicado su deuda en los últimos cuatro años. Ha sido imposible la reforma de la Administración Pública, que funciona peor que nunca en todos los niveles; solo se está impulsando una reforma del sistema judicial que pretende imponerse a las Cortes y a jueces y magistrados sin agotar ninguna negociación, y que está destinada básicamente a potenciar el control de la administración de justicia por el poder ejecutivo.

Por supuesto, ese pío deseo de 2011 de avanzar una reforma político-territorial del Estado «hacia una federalización» con reforma constitucional incluida es lo que peor ha envejecido del librito de Sevilla. Toda estrategia reformista parte de la necesidad imperiosa de un consenso básico entre las grandes organizaciones políticas y eso se ha roto para siempre. Sánchez elogió el camino opuesto: gratificar política y tributariamente al independentismo catalán para mantenerse en el poder burlando el orden constitucional y jugándose la viabilidad del Estado en su perversa carambola. Y esto nos va a salir carísimo. A todos.

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