Opinión | A babor
El Waterloo herreño
Lo que AHI denuncia –la intención del Gobierno de España de centralizar la gestión del parque– es perfectamente discutible. Se trata de una de esas torpezas centralistas que aguantamos con demasiada frecuencia por parte de Gobiernos que no se enteran mucho de cómo van las cosas por aquí

Panorámica del Mar de las Calmas / Gelmert Fimol / EFE
De todas las opciones posibles para defender la posición de la Asamblea Herreña sobre el modelo de gestión del Parque Nacional del Mar de Las Calmas, la más peregrina –y, por tanto, la que finalmente se ha escogido– ha sido darse un salto a Waterloo, reunirse con el prófugo Puigdemont y pedirle que interceda, o quién sabe qué diablos. Allí se plantaron Javier Armas y otros miembros de la Agrupación Herreña Independiente, uno de los partidos que sostienen al Gobierno de Canarias, para solicitar el respaldo del fugado a que el Cabildo gestione directamente el futuro parque. La verdad es que hay algo profundamente extravagante en esa escena. Primero, porque lo que está en juego es una cuestión puramente competencial: quién gestiona un parque natural cuya financiación, desarrollo y control dependerán –lo sabe hasta el mero– de fondos estatales y europeos. Y segundo, porque pedir apoyo a Puigdemont para defender un modelo de cogestión periférica resulta surrealista y autolesivo. Es un suicidio político en diferido. O dicho en términos más benévolos: una solemne tontería.
Uno de los grandes filósofos de la cultura popular, Forrest Gump, nos aclaró hace años que quien dice o hace tonterías es tonto. No puedo estar más de acuerdo. Los herreños que fueron a Waterloo a hacerse una foto con el menda que quiere cargarse la solidaridad entre las regiones y territorios deben ser tontos. O haberse dado un golpe colectivo en la cabeza.
El Mar de Las Calmas no es un campo de batalla ideológico. Es un espacio natural, un laboratorio científico, un recurso turístico que podría generar empleo. A nadie se le ocurriría –hasta ahora– convertirlo en arma arrojadiza, en política pequeña, de esa que se cultiva con entusiasmo en los márgenes del nacionalismo de saldo. Pero en AHI han decidido que la mejor forma de demostrar madurez institucional es hacer turismo político con escala en Waterloo. El vídeo difundido por AHI nos muestra a un Puigdemont condescendiente, prometiendo apoyo parlamentario a los herreños como quien reparte monas de Pascua. Y a un Armas agradecido, como si hubiera obtenido el aval de un estadista europeo. Pero Puigdemont no es un estadista, sino un político condenado por desobediencia y malversación, fugado de la justicia y obsesionado con recortar para sí una parte aún mayor de esa bolsa común que sostiene, entre otros, a territorios como El Hierro. Es la misma bolsa que paga hospitales, colegios, servicios sociales y parques nacionales. Esa caja común que Puigdemont quiere para financiar su república, mientras los gerifaltes de AHI le piden que apoye que la isla tenga la llave del parque. La paradoja es tan monumental que solo se explica por una grave falta de agua en la cabeza de quienes lo plantean. Hay que estar muy seco por dentro para no ver la contradicción.
El Hierro es, en proporción a sus habitantes, el territorio más subvencionado de España. Y es lógico que así sea: está lejos, es pequeño, y su economía es muy reducida. Su PIB depende en más de un 60 % de fondos públicos externos: europeos, estatales y regionales. Su modelo económico, su desarrollo y su supervivencia están completamente ligados a la solidaridad territorial. Sin ella, la isla no puede vivir. Por eso resulta tan grotesco ir a pedir a Puchi –precisamente a él– su bendición para que el parque se gestione desde el Cabildo. Puchi lleva años queriendo dinamitar la solidaridad. Rechaza financiar lo común y ha convertido el chantaje presupuestario en su única estrategia política.
Lo que AHI denuncia –la intención del Gobierno de España de centralizar la gestión del parque– es perfectamente discutible. Se trata de una de esas torpezas centralistas que aguantamos con demasiada frecuencia por parte de Gobiernos que no se enteran mucho de cómo van las cosas por aquí. Pero el modelo de gestión es un asunto del Congreso, del Senado, del Parlamento de Canarias, del Ministerio y –por supuesto– del Cabildo, donde, por cierto, los socialistas apoyan la posición del Gobierno. No se discute en la antesala del independentismo catalán más excluyente.
La verdadera estupidez de Armas y los suyos es que ir a Waterloo no aporta legitimidad. Al contrario: hace peligrar que se entienda la reivindicación. ¿Quién puede tomarse en serio un planteamiento técnico y razonable si se presenta de la mano de un prófugo? ¿Qué mensaje se lanza al electorado –aquí y allá– cuando se acepta como interlocutor a un político que representa todo lo contrario a la convivencia, la legalidad y el equilibrio territorial? No es solo un error de cálculo. Es también una tendencia preocupante: la de una parte del nacionalismo canario que empieza a flirtear con el secesionismo peninsular como si eso otorgara algún tipo de glamour político. Verse con Puigdemont es un error. Su apoyo es tóxico. La Agrupación Herreña no ha sido jamás tan ingenua e imprudente. Convertir una reclamación legítima en una operación de propaganda de Waterloo favorece a Puigdemont, no a El Hierro. Es regalarle a Junts una bandera más para su show del exilio. Y supone perder credibilidad ante la gente sensata, en Canarias y fuera. El parque se hará, pero no en una sala con esteladas, bustos de Companys y fotos del procés. Se hará donde se hace política de verdad. Aquí.
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