Si no hay papas, planta papas

No existe peor ceguera que la de quien no quiere ver. Hacienda, la misma que condona deuda a los catalanes, ha aprobado que en Canarias se pueda deducir impuestos si se reinvierten los beneficios en viviendas para alquiler de larga estancia. Pero ha puesto condiciones: que el contrato se produzca en menos de seis meses después de acabado el inmueble. Menos da una piedra, pero la medida se las trae, porque obliga a quien construya a terminar y amueblar a velocidad de crucero y meter un inquilino en medio año a riesgo de que si no cumple le pasen la pulidora.

A los legisladores se las trae floja que en Canarias haya más de doscientas mil viviendas sin alquilar. Gente que no se ha ido al vacacional, pero que mantiene sus pisos más vacíos que el discurso de un político. La gente no rentabiliza su inversión en el ladrillo porque no se fía. Se ha extendido el razonable temor a que si un inquilino te deja de pagar y se queda en la vivienda te va a costar echarle lo que no está escrito. Porque ese mismo Estado que te cobra el IBI es incapaz de proteger tu derecho de propiedad y de garantizar el cumplimiento de un contrato. Los que alquilan, por decirlo mal y pronto, están en pelotas.

Invulnerables a esa evidencia, los partidos han decidido intervenir aún más el mercado de la vivienda. No les vale la Ley de Arrendamientos Urbanos. Han hecho un despliegue de normativas y regulaciones a cuál más disparatada. Desde la fijación arbitraria de precios máximos a los que se puede alquilar hasta prohibiciones de uso en función de la duración del contrato. El resultado de estas intervenciones ya se ha visto en ciudades como Barcelona, donde el parque de viviendas disponibles ha mermado por la fuga de más propietarios.

Si se facilitara la construcción de viviendas, de todas clases y en todos los lugares legalmente posible, habría más disponibles. Y con más propietarios compitiendo por conseguir alquilar, los precios terminarían bajando. Pero para eso, además, habría que garantizar a los arrendadores la protección de la ley. Si un patrón no paga a sus trabajadores le cae la del pulpo. Si un contribuyente no paga sus impuestos le embargan. Si alguien incumple un contrato de alquiler debería ser inmediatamente desahuciado, salvo que el Estado asuma sus obligaciones por tratarse de una familia o persona vulnerable. Lo ilógico es que no pase nada.

Hasta el año 2008 lo que existía en nuestras islas era una superproducción de viviendas. El boom del ladrillo acabó abruptamente con la crisis de los créditos, porque la banca se pasó de lista y la burbuja terminó estallando. Desde entonces hasta hoy la construcción se ha desplomado en el PIB y el crecimiento de la vivienda privada se ha congelado. El parque público de viviendas es ridículo. Y los ayuntamientos no quieren saber nada de construir viviendas sociales: gestionarlas es meterse en un infierno, porque muchos inquilinos no pagan y algunas terminan vandalizadas.

Podemos seguir engañándonos todo lo que queramos. Y practicando viejas políticas intervencionistas que han fracasado en todo el mundo. Pero la solución, si no hay papas, es plantar más papas.

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