Destruir tabús

Cáritas Diocesana de Tenerife habla de una cronificación de la pobreza según el informe de sus actividades en 2024. Lleva años haciéndolo. La cronificación de la pobreza se resume en constatar una realidad angustiosa: aquí, en esta isla, y en toda Canarias, la inmensa mayoría de la población con menos de 15.000 euros de ingresos anuales no puede salir de la pobreza. Porque 15.000 euros es pobreza, no clase media, y esa situación está cerca del 40% de la población. No hay manera de escapar. El ascensor social se terminó de averiar en la terrorífica crisis de 2008 que se prolongó durante un lustro, pero que además tuvo consecuencias graves y perdurables en la estructura laboral y en la renta familiar disponible. Desde entonces, por ejemplo, se ha convertido en una fantasía que un joven o una pareja dispuesta a construir un proyecto vital consigan una modesta vivienda. Cáritas constata este déficit habitacional: el año pasado asistió un a 70% más de personas sin hogar que en 2019.

Pero está situación está cruzada de contradicciones. La patronal de los constructores de Las Palmas está tramitando la contratación de un millar de extranjeros ante la falta de mano de obra local. La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María del Salud Gil, ha apuntado que solo un millar de desempleados cuenta con alguna certificación profesional relacionada con la construcción y también –y quizás más importante– que el sector padece un 12% de absentismo laboral. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el sistema de Formación Profesional no se organiza y trabaja de la mano con la actividad empresarial que, después del turismo, más aportó al PIB canario hasta la maldita crisis de 2008? ¿Cómo no podemos dotarnos de la suficiente flexibilidad operativa, docente y curricular, para ofrecer una formación de emergencia? Merecemos lo que nos pasa. Merecemos estar embarrados en esta estúpida impotencia.

Y el absentismo, claro. No hay valor para publicar las verdaderas cifras del absentismo en las administraciones públicas canarias: administración autonómica, cabildos, ayuntamientos. Los responsables políticos actúan con una delicadeza hiperestésica porque, obviamente, son funcionarios y, al mismo tiempo, son con los jubilados el mayor grupo de votantes. Algunos exsindicalistas me aseguran que la media de absentismo en las administraciones públicas supera el 15% de las plantillas algunos meses al año. Y se tolera mes a mes y año a año. Forma parte de una cultura funcionarial que hunde sus raíces en el franquismo: el funcionario es sagrado, intocable, inamovible, como los generales de división o los sargentos chusqueros. Es más fácil que José Luis Ábalos ingrese en un monasterio que un funcionario sea expedientado.

Otra confusión que tiene su impacto en el empleo y en la empleabilidad en Canarias, por supuesto, está en presentar y desarrollar políticas asistenciales como políticas sociales. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, no es una política social, sino una acción asistencial, por muy justificada que esté, y como tal, debe estar condicionada por las condiciones generales del mercado laboral y la coyuntura económica. Uno de sus justificaciones de partida es que garantizaba una subsistencia digna que protegía a los trabajadores de aceptar empleos mal pagados o ilegales, pero es que estos empleos, en muchas ocasiones, los aceptan los emigrantes. La panoplia de ayudas y subsidios, que generalmente no demandan ninguna contrapartida a sus beneficiarios, ha demostrado producir un efecto destructivo y distorsionador en el mercado de trabajo, en la cultura del empleo y en la formación laboral. Y aunque sea un tabú que aterra a las élites políticas y enfurece a los alfeñicados sindicatos, debe cambiar urgentemente.

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