Un sistema eléctrico fiable para Canarias

El reciente apagón en la isla de La Palma saca a relucir una vez más la fragilidad del modelo y la obsolescencia de la tecnología del sistema eléctrico. La situación de emergencia energética declarada el 2 de octubre de 2023 ha resuelto parcialmente el riesgo de una caída del suministro. El llamado concurso exprés, destinado a la renovación paulatina de generadores antidiluvianos, ha atenuado la vulnerabilidad en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pero no en La Gomera, La Palma o El Hierro, las llamadas islas verdes. La estabilidad del sistema productivo del Archipiélago, con el turismo como gran demandante, está ahora mismo en la cuerda floja. El último incidente demuestra que la solución definitiva no se puede posponer.

Canarias está conformada energéticamente por seis redes aisladas entre ellas, con una única interconexión entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Esta peculiaridad nos convirtió en una excepción en el apagón que sacudió a la totalidad del territorio nacional el pasado 28 de abril. Nos salvó de la caída generalizada. Pero este beneficio no tapa en modo alguno las circunstancias extraordinarias que afectan a la insularidad: mayores costes de inversión y explotación en plantas de generación eléctrica; aislamiento de grandes redes; ausencia de conexión entre islas debido a las profundidades marinas, lo que imposibilita el tendido de cables, y más dependencia de los combustibles fósiles.

Para Red Eléctrica de España (REE), estas variantes hacen que el modelo energético canario sea menos estable y seguro y, como consecuencia de ello, más necesitado de la introducción de sistemas de almacenamiento que permitan también la integración de las energías renovables. Este diagnóstico de la empresa responsable de la gestión, en régimen de monopolio, de la red de transporte, tuvo como antecedente el apagón en La Gomera del verano de 2023, el detonante que llevó a los presidentes de los cabildos a reclamar más transparencia e inversiones urgentes para renovar las centrales y otras infraestructuras y que puso en alerta al conjunto de Canarias. Una demanda en la que no faltó la indignación de los representantes insulares al conocer la falta de fiabilidad del sistema eléctrico.

Antes de este apagón en tierras colombinas, debido a un incendio en las instalaciones de la central térmica de El Palmar (San Sebastián), hubo ceros energéticos en La Palma (2018 y 2013), La Gomera (2023) y El Hierro (2023). Y antes, en Tenerife (2005, 2009, 2010, 2010 de nuevo, 2019 y 2020). Entre las causas, una modernización con un retraso de 10 o 15 años y una vida útil de los grupos que llega a superar con amplia diferencia el límite de los 25 años, llegando algunos a los 40.

El concurso de concurrencia competitiva del 26 de junio de 2024, convocado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado paso a una serie de intervenciones para cubrir el déficit energético que tiene el Archipiélago. Sin embargo, tal como ha reconocido la Consejería de Transición Ecológica y Energía, la reconversión eléctrica de Canarias está aún en el territorio de la provisionalidad, pendiente ahora de un plan extra que tratará de paliar con una inversión de 350 millones la obsolescencia de los medios en las islas verdes.

Sin embargo, toda Canarias sigue pendiente de un verdadero plan renove del sistema energético cuyo coste no está cuantificado. El crecimiento turístico, poblacional, la flexibilidad de la red para las energías alternativas, el horizonte de almacenamiento, el cambio climático con un mayor consumo de aire acondicionado y el avance en la electrificación del parque móvil, entre otros factores, hacen inaplazable la adaptación del sistema eléctrico de las Islas.

Los agentes empresariales del sector, las patronales, departamentos públicos y organizaciones de consumidores deben tener acceso a las auditorias energéticas. El relato de apagones y los efectos del mismo sobre el tejido comercial demuestran de manera fehaciente de que no se puede actuar a golpe de cortes masivos de luz. El daño a la economía, con los consiguientes costes de imagen, y la alteración brusca de la vida de los canarios merecen, sin duda, que los implicados se antepongan a las crisis.

Otro capítulo aparte merece el bochornoso espectáculo de los tiras y aflojas sobre el origen de cualquier apagón. Manda la transparencia más absoluta, distante de cualquier triquiñuela para salvar el pellejo frente a los afectados o la misma imposición de sanciones, siempre, claro está, que sus procedimientos no se enreden y acaben siendo pasto de la burocracia.

Canarias está en emergencia energética y los consumidores abonan puntualmente, incluido impuestos, facturas que resultan una carga para las economías familiares. Mal vamos si, a cambio de ello, estos ciudadanos reciben incertidumbre, oscurantismo, dilaciones y parches. Entonces no quedaría más remedio que hablar de modelo energético fallido.