Apagón general

Otro cero. Otro apagón general. Otra vez la isla completamente a oscuras. Ayer poco después de las cinco y media, La Palma volvió a colapsar eléctricamente. Ya es la segunda vez en menos de un mes. La gente está tan harta que lo peor ya no es que se valla la luz, sino que nadie se sorprenda. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, lo resumió con certera crudeza: «parece que no estamos en el primer mundo». Lamentablemente, tiene toda la razón. Eso es lo que parece, y quizá es.

La central de Los Guinchos lleva más de cincuenta años funcionando. Su potencia instalada es de 105,3 megavatios (82,8 en motores que funcionan con diésel, y 22,5 en turbina). Produce al año alrededor de 239 gigavatios hora, aproximadamente el 91 por ciento de la electricidad total que consume la isla. El resto procede de fuentes renovables: 17 gigavatios de energía eólica y 6 gigavatios de energía solar. La demanda eléctrica conectada a la red se sitúa cerca de los 265 gigawatios hora, que sostienen el consumo doméstico, el escaso consumo industrial, los servicios, y la desalación. Hace una década el consumo era muy similar -255 gigavatios- pero la central cubría entonces el 97 por ciento del suministro. En diez años, lo que se ha logrado es incorporar a la red como energías limpias poco más del cinco por ciento del consumo.

Globalmente, el mix energético palmero resulta tan obviamente obsoleto, como la propia instalación de Los Guinchos. Parece asombroso que conociendo la incapacidad de la central para afrontar las necesidades de desarrollo de la isla, y las dificultades para afrontar su modernización, condicionada por unas leyes absurdas más preocupadas por evitar el monopolio que por garantizar el suministro, Endesa no haya hecho prácticamente esfuerzo alguno por aumentar la participación de renovables en un sistema completamente vendido, sin respaldo suficiente, sin apoyos redundantes de ninguna clase, en una isla que sigue esperando inversiones estructurales mientras los discursos oficiales tras el volcán se llenan la boca hablando de renacimiento, recuperación, transición ecológica y resiliencia insular.

La realidad es por desgracia bastante más siniestra: La Palma carece desde hace ya años de un sistema eléctrico robusto, capaz de atender las necesidades de producción eléctrica de la isla. Hace mucho que ocurre así –como en otros tantos sitios de Canarias- sin que se haya hecho absolutamente nada por resolverlo. Porque este apagón no es un accidente imprevisible, sino el resultado de una negligencia estructural y sostenida.

Los apagones masivos son una humillación pública. Una isla que sufre un cero cada pocos días, es también una isla abandonada. Se interrumpen servicios sanitarios, se detienen las comunicaciones, se rompen cadenas de frío, se destruye economía. Y todo eso sin que nadie asuma responsabilidad alguna. Ni la empresa concesionaria, ni los gobiernos que permiten que La Palma siga dependiendo de una central vetusta, cuya modernización no es una prioridad política, más allá de esos relatos grandilocuentes en los que se ha especializado el poder cuando se trata de justificar situaciones que no tienen justificación.

Los palmeros tienden a sentirse abandonados por todos: su isla es la única de Canarias que carece de un horizonte claro: es una isla envejecida, poblada por clases pasivas y funcionarios, que retrocede demográficamente, y carece de una economía capaz de vivir al margen de las subvenciones. Muchos palmeros creen que se les trata peor que a otros isleños: les he escuchado decir que n la gestión energética de las islas no hay equidad: que Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura cuentan con inversiones planificadas, proyectos renovables y respaldo ante emergencias. Es falso. No hay ni una sola isla de Canarias cuyo sistema de suministro eléctrico pase la prueba del algodón, Pero es verdad que la central de Los Ginchos, como la de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, son las más deterioradas, las menos seguras, porque sus grupos generadores son antediluvianos y han petado ya en varias ocasiones.

Cuando se trata de presupuestar, de invertir, de planificar, de prever… ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué una central de más de medio siglo sigue siendo el corazón del sistema eléctrico insular en una isla con ochenta mil habitantes? ¿Dónde están los fondos prometidos tras el volcán, las ayudas para la recuperación, los millones del Estado para modernizar las infraestructuras, y los dineros que el Estado se iba a encargar de que llegaran desde Europa como un maná? Tras los días aciagos del volcán, todos prometieron, todos anunciaron grandes cambios. La Canarias oficial se conmueve cada vez que La Palma se queda a oscuras, pero lo cierto es que no se ha hecho nada –pero nada- para mejorar la capacidad de la isla para producir energía.

No se trata de pedir milagros, sino de exigir lo obvio: que La Palma tenga un sistema de generación moderno, diversificado, respaldado y protegido. Que no dependa de una sola central anticuada. Que no haya que esperar «dos o tres horas» para que se restablezca el servicio «si todo va bien». Que exista un plan de respaldo y contingencia. Porque esta no es solo una avería técnica: es también el síntoma de que Canarias no cuenta.

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