Noticias sobre la pobreza

Canarias ha logrado mejorar ligeramente en los rankings nacionales de pobreza. El Informe anual sobre pobreza, basado en los cálculos de la tasa Arope, revela que hemos pasado de ser la segunda comunidad con más riesgo de pobreza y exclusión social a ser la séptima. Los indicadores han bajado del 33,8 al 31,2%. Un descenso de 2,6 puntos que nos deja en el nivel más bajo de los últimos diez años. Es un alivio. Pero también es una trampa. A veces una buena noticia no basta para sonreír.

A pesar de los titulares optimistas, 700.000 canarios siguen atrapados en una vida precaria, con dificultades reales para pagar facturas, mantener una vivienda en condiciones, comer carne o pescado cada dos días, tener conexión a internet o sustituir un mueble estropeado. Para algunos, los indicadores Arope son ajenos a la realidad de la pobreza tal y como se interpretaba en el pasado. Pero Arope aporta también datos sobre la carencia material y social severa, otro de los componentes de su índice, que sigue anclando las islas el fondo del triste ranking nacional de los más pobres. En eso seguimos siendo campeones, con un 10,5% de canarios en situación de privación extrema. Sin capacidad para afrontar imprevistos, ni acceso a medios propios de transporte, ni mucho menos posibilidad de vacaciones. Es cierto que los datos parecen mejorar, pero no lo suficiente como para cambiar la estructura. Porque la cuestión de fondo no es solo cuánta gente está por debajo de un umbral que se calcula estadísticamente aplicando porcentajes sobre las mediciones más altas, sino cómo se reparte la riqueza en esta tierra. Y en eso Canarias sigue funcionando como una sociedad del Tercer Mundo: una economía dual, profundamente desigual, donde el crecimiento turístico y las cifras del PIB no se traducen en bienestar ni en cohesión social. En Canarias los salarios son tan bajos que, aún con empleo, mucha gente sigue sin salir de pobre.

Eso no ocurre por casualidad o porque los canarios seamos distintos. Ocurre porque Canarias carece de un sector industrial potente, apenas cuenta con agricultura productiva más allá del plátano subvencionado, y ha terciarizado su economía hasta límites insostenibles. Vivimos del turismo, el comercio y en menor medida la construcción y de los servicios que rodean esas actividades, lo que implica estacionalidad, precariedad y sueldos bajos. El 65% de los trabajadores canarios vive en situación de vulnerabilidad. Y más del 12% declara enfrentarse a serias dificultades para llegar a fin de mes. Tampoco contribuyen a mejorar la situación de las islas nuestras condiciones geográficas, nuestra historia o nuestra estructura institucional. Somos un territorio fragmentado y alejado de los centros y mercados, con sobrecostes logísticos, que depende de la ayuda de fuera para casi todo y que sufre de forma sistemática la ignorancia centralista sobre lo que implica para los canarios la distancia y la insularidad.

El Gobierno regional lleva años pidiendo inútilmente al Estado más fondos para paliar la pobreza: en lugar de los míseros 30 millones que se reciben para combatir la miseria de los más desafortunados, se estima que serían precisos entre 80 y 100 millones para que un catálogo de políticas regionales contra la pobreza lograra mejorar las cosas. Pero ni siquiera con ese aumento bastaría si no se afronta el problema de fondo, que es la desigualdad, la existencia de dos sociedades que circulan a distinta velocidad, y en las que cada vez es más difícil transitar de una a otra.

En este contexto, conviene desconfiar de las soluciones fáciles. Una de ellas es el mantra de que todo se resuelve creando empleo: Arope nos explica que casi el 12% de los trabajadores españoles siguen siendo pobres. Tener trabajo hace tiempo que dejó de ser la garantía de una vida digna, en Canarias y en el conjunto del país. El empleo importa, pero depende de cómo sea ese empleo, cuánto se cobra, si es estable, si permite ahorrar algo y planificar una vida. En Canarias, demasiadas veces, la respuesta a todas y cada una de esas preguntas es que no.

Haber logrado pasar de un tercio de la población desempleada en 2013 al 13% en 2025 es una hazaña. Pero no basta. Porque tener menos paro no significa una reducción extraordinaria de la pobreza. El paro ha bajado 20 puntos y la pobreza sólo dos. En Canarias, la pobreza está tan arraigada que ni siquiera el crecimiento económico más prolongado ha logrado doblegarla. Seguimos con miles de familias dependiendo de las pensiones de los abuelos, con jóvenes sin expectativas, con barrios enteros atrapados en una espiral de exclusión.

El problema no es que la pobreza no disminuye –lo hace, aunque lentamente–, sino que la riqueza sigue concentrándose donde siempre. Las rentas altas escapan a cualquier esfuerzo redistributivo, nuestra economía depende de fondos europeos, subvenciones agrarias y empleos temporales. Mientras no cambiemos esa lógica, siempre habrá más canarios al borde del precipicio que en la orilla de la prosperidad. Ahora toca apostar por un desarrollo más diversificado, con industria ligera y energía generada aquí, con más inversión en formación y tecnología. Y, sobre todo, con políticas fiscales y laborales que redistribuyan mejor esa riqueza que se concentra con demasiada frecuencia en las mismas manos.

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