¿Tránsfugas?

Nueva Canarias nunca ha sido un partido especialmente cuidadoso con la legalidad. Acumula sanciones y reprimendas por pasarse las leyes por el arco de triunfo, pero en estos últimos días ha decidido insistir en interpretar las normas de forma flexible y adaptable, siempre y cuando eso beneficie al partido.

Román Rodríguez ha emprendido una agresiva cruzada contra los 22 concejales de grupos independientes que apoyaron a Nueva Canarias en las pasadas elecciones, que, en un acto de osadía imperdonable, han decidido abandonar la formación para unirse al proyecto de Municipalistas Primero Canarias, liderado al unísono por Teodoro Sosa y Óscar Hernández. La dirección romaní, en un alarde de coherencia, ha declarado tránsfugas a los 22 y solicitado a los ayuntamientos que los traspasen al grupo de no adscritos, con lo que concejales que se presentaron en candidaturas conjuntas de grupos locales y Nueva Canarias perderían sus legítimos derechos.

La memoria funciona de forma muy selectiva en política: allá por 2005, Román se fue de Coalición para fundar su propio partido. Y se llevó a la mayor parte de la organización nacionalista en Gran Canaria, no solo a muchos que procedían de la izquierda, como le gusta recordar, también a gente que había militado en el CDS de Adolfo Suárez, pero —sobre todo— se apoyó en grupos locales independientes, que son los que han aportado el peso electoral y el apoyo político con el que ha contado Nueva Canarias en estos años.

La influencia de Nueva Canarias en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde no prosperó nunca un electorado local independiente, es completamente ridícula, y bastante escasa en la mayor parte de las islas, con la excepción de Gran Canaria. En el resto de las islas, los movimientos locales independientes se habían ido organizando en partidos de carácter insularista —ATI, API, AM, PIL, AHI, AGI, una sopa de letras interminable…— que fueron los que confluyeron en su momento para fundar primero las Agrupaciones Independientes, y más tarde Coalición. Cuando Román decide romper con Coalición porque no había logrado apoyos para repetir como candidato a la presidencia por segunda legislatura (en aquellos años se le daba mucha importancia a la alternancia en la Presidencia), no hubo acusaciones de transfuguismo contra él y los que le siguieron, ni nadie les demandó la entrega de actas. Pero claro, entonces la política era diferente. ¿O no?

La coherencia es un bien escaso en los partidos. Mientras se exige a los disidentes que respeten las reglas, los que mangonean la organización no dudan en reinterpretarlas cuando conviene. Un ejemplo reciente es el caso de la concejala Celeste López, en Telde. Mientras se encontraba en Holanda por una emergencia familiar, su firma digital fue utilizada para oficializar su propio relevo como portavoz del grupo municipal, sin su consentimiento. Nueva Canarias ha intentado ampararse en que el certificado digital utilizado pertenece al grupo político y no a la concejala en particular. Una interpretación muy creativa de la legalidad.

Pero la historia de la falta de respeto a las leyes que caracteriza y define a Nueva Canarias no termina ahí. El partido de Román ha sido reiteradamente sancionado por el Tribunal de Cuentas por no presentar sus cuentas anuales, una infracción muy grave que le costó una multa de 50.000 euros y una resolución de disolución del partido que jamás fue aplicada por el Ministerio del Interior. Es la única vez que se ha impuesto una multa de ese volumen a un partido político en España, y también la primera vez que un partido sobre el que no pesaba la acusación de colaboración con el terrorismo se vio obligado a cambiar de nombre para poder seguir operando. Si no puedes cumplir con las obligaciones legales, simplemente cambia de identidad. Una estrategia digna de admiración.

A lo largo de su historia, Nueva Canarias ha demostrado una habilidad notable para adaptar normas y principios a conveniencia. Exige lealtad y cumplimiento de las reglas a sus concejales —sean afiliados propios o de los partidos locales que han creado una marca nueva— mientras que internamente interpreta las reglas de manera más flexible. Una muestra de que política y malabarismo tienen raíces comunes.

En realidad, lo que sucede con Nueva Canarias es que sus dirigentes están desquiciados: la última encuesta —publicada por un medio cercano— atribuye al partido de Román la pérdida del 80 por ciento de su representación en el Parlamento en los próximos comicios. Pasaría de tener cinco diputados a mantener apenas uno. Según el sondeo, los diputados perdidos se repartirían a partes iguales entre Coalición y el PSOE: dos para cada uno.

El sondeo no aporta datos sobre el desastre que puede producirse en el Cabildo de Gran Canaria —única institución importante hoy gobernada, aunque solo formalmente, por los de Román— y en los ayuntamientos en los que, hasta hace un par de meses, aún se podía decir que controlaban al alcalde.

La rabieta de los tránsfugas que no lo son es la última tontería romaní. No llegará muy lejos.

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