Los fallos del modelo

En la Canarias precomunitaria de comienzo de los años ochenta a la gente no le exprimían con tantos impuestos. Había libertad de comercio y baja fiscalidad. La democracia nos trajo nuevas administraciones, más grandes y más costosas. Y también servicios públicos universales y gratuitos. O sea, una sociedad mejor que hay que pagar porque las cosas, pese a lo que piensan algunos, nunca son gratis.

En las Islas, en términos sociales hemos avanzado en la misma proporción en que en presión fiscal hemos ido para atrás como los cangrejos. En los últimos años, los canarios hemos pagado más que nunca en nuestras puñeteras vidas. Se ha disparado a cifras récord la recaudación de los impuestos al consumo, sobre el trabajo y sobre los beneficios. No solo porque haya subido la inflación; también en términos absolutos. Hoy en las islas se cosechan casi siete mil millones en diferentes impuestos. Y cada año la cifra crece.

La distancia que nos separaba del resto del Estado, eso que se llama diferencial fiscal, se ha ido acortando, pero sin que hayan desaparecido los sobrecostos de vivir en el quinto demonio. Los últimos informes que estudiaron cuánto encarecía nuestra vida la distancia estimaron en casi seis mil millones de euros la factura de ser periferia. Hoy seguramente serán más.

El Estado español, del que muy supuestamente formamos parte, se comprometió con Canarias compensar ese diferencial cuando nos apretaron las tuercas para entrar en Europa. Y desplegó un arsenal de literatura de fantasía legislativa: convenios, instrumentos y ayudas que nos iban «a poner en Cádiz» para que pudiéramos competir en igualdad de condiciones con el resto de nuestros conciudadanos. Nos llevaron al huerto y ahí nos quedamos.

Los servicios públicos, en la Transición, fueron transferidos mala financiación. Y con los años el desfase no ha hecho sino empeorar. Los convenios extraordinarios para complementar la financiación de las Islas se han ido recortando y vaciándose de contenido económico en los presupuestos de los sucesivos gobiernos peninsulares que, además, invierten en las islas menos dinero del fijado por las leyes.

Cada año, el esfuerzo para sostener los servicios públicos y el bienestar recae un poco más sobre el bolsillo de los propios canarios. Las administraciones públicas en las islas se han disparatado y ya ocupan a más de doscientas mil personas que reclaman una masa salarial de más de nueve mil millones de euros. Y mientras tanto… la construcción está fiambre, la agricultura agoniza y la industria sobrevive congelada. Para mantener el quiosco solo funcionan el comercio y el turismo.

Los sindicatos se han tragado en silencio, durante décadas, la importación de mano de obra barata para el mercado laboral canario. Hasta veinte mil nuevos residentes entran cada año en las islas. El excedente de trabajadores disponibles ha perjudicado el crecimiento de los salarios. Y encima, en el colmo de la deficiencia mental, hay voces que quieren impedir el crecimiento turístico porque sostienen que «el modelo no funciona». Es cierto que aún tenemos demasiada pobreza y salarios muy bajos. Pero si es así imagínense cómo estaríamos sin el dinero que nos dejan los guiris.

Nuestro crecimiento poblacional es insostenible; nuestro modelo fiscal es perverso para el comercio y el turismo, castiga el consumo y está al inevitable servicio de recaudar más dinero para sostener servicios, nóminas públicas y unas administraciones cada vez mayores. Además, Canarias sigue siendo vaciada de rentas que se generan aquí y cotizan fuera y el Estado incumple su pacto constitucional de compensación del hecho insular y la lejanía.

El espacio para debatir estas asignaturas pendientes no es la calle. Ni la barra de un bar. Son las instituciones. Y las universidades. Es la inteligencia canaria la que tendría que pensar y consensuar las soluciones del futuro. O sea, un oximorón. Estamos jodidos.

Suscríbete para seguir leyendo