Pérez vuelve

Hace ahora justo un año, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción de La Laguna, Graciela Pérez-Valencia, firmó un auto exonerando a todos los imputados por el caso Reparos y archivando la causa. Ese auto era el segundo que firmó la jueza en poco más de un año, ambos en el mismo sentido. El primero se dictó en abril de 2023, aplicando al exalcalde José Alberto Díaz, a tres concejales de Coalición –Agustín Hernández, Aymara Calero y Atteneri Falero–, a dos del PSOE –Javier Abreu y Mónica Martín–, además de a tres técnicos municipales, los argumentos que el Supremo había esgrimido para eximir de responsabilidad penal a Fernando Clavijo. Santiago Pérez, artífice del caso Reparos, recurrió el auto y la Audiencia Provincial revocó aquel primer archivo en enero del año pasado, ordenando a la jueza dictar una nueva resolución motivada. Según la Audiencia, no resultaba suficiente ampararse en el criterio del Supremo sobre Clavijo; la jueza debía analizar si existía o no prevaricación y malversación de caudales públicos en cada uno de los restantes nueve imputados. La jueza Pérez-Valencia contestó en solo cuatro meses, reafirmándose en su criterio de que los nueve investigados solo habían incurrido en irregularidades administrativas no punibles. Santiago Pérez volvió a recurrir inmediatamente. Y la Audiencia ha vuelto a fallar en el mismo sentido, aunque la instructora no considera que la decisión de volver a revocar el archivo suponga por sí misma la existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa, ni presuponga que el archivo del procedimiento sea correcto o no. Lo que considera la Audiencia es que el juzgado lagunero no ha dado cumplimiento a lo que le fue solicitado el pasado año: motivar el sobreseimiento de la causa, describir los actos y la relación de cada uno de los investigados con esos actos y, a partir de ahí, explicar por qué se aprecian o no indicios de criminalidad.

Hasta ahí la enrevesada explicación de una decisión judicial, que –a la postre– es como un premio de consolación para el principal denunciante y muñidor del caso, Santiago Pérez: la Audiencia tira de las orejas a la jueza de La Laguna, pero no cuestiona si su decisión es correcta o no. Lo que exige es que se explique, más allá de ampararse en la decisión del Supremo, que exoneraba a Fernando Clavijo de cualquier responsabilidad.

Mientras el trámite legal sigue su curso, Pérez ha logrado realmente lo que perseguía con este recurso de consecuencias probablemente menores: ya no se trata de caza mayor, como fue el caso Reparos cuando el objetivo era dejar a Clavijo fuera de la política, sino de aguarle la fiesta a algunos concejales amortizados –curiosamente, están también los viejos enemigos de Pérez en el PSOE– y al exalcalde José Alberto Díaz.

A estas alturas, con el precedente del Supremo, la firme posición de la instructora de archivar y la escasa entidad política de los afectados por la decisión de la Audiencia, parece obvio que alguien como Pérez, acostumbrado a cruzadas judiciales de mayor enjundia y recompensa, no tiene especial interés en el resultado jurídico de este embrollo tan marxista –marxista de los Marx Brothers–, sino en las consecuencias prácticas que el asunto implica para la estabilidad municipal de La Laguna. Después de un año de un pacto de centroizquierda entre el PSOE y Coalición, cerrado por el alcalde actual y el exalcalde Clavijo, La Laguna comenzaba a dejar atrás una década de conflictividad interna y suspicacias.

Pérez pretende hacer saltar por los aires el acuerdo que hoy sostiene al actual Gobierno. Pretende volver a ese tiempo de desconfianza y agresiones que había convertido en un solar invivible la política lagunera. Pero quizá se trate de un esfuerzo inútil: esta vez Pérez no cuenta con los apoyos necesarios; su operación no está avalada por la dirección regional o insular del partido al que a veces pertenece. No cuenta, desde luego, con el visto bueno de la Agrupación Local socialista. Y ni siquiera parece que Pérez haya podido tirar de su equipo jurídico habitual. El PSOE no está detrás de esta nueva guerrita personal, de este ajuste de cuentas de un político desahuciado por los acontecimientos, al que se premió con un escaño en el Senado con fecha de caducidad, y se jubiló forzosamente de las candidaturas del PSOE, probablemente para que fuera posible una mayoría diferente a la que tuvo La Laguna en los años anteriores.

Pérez es, afortunadamente, un personaje absolutamente irrepetible: desde que un acuerdo político de los que habían perdido las elecciones le impidió convertirse en alcalde de su ciudad, se fue instalando en creciente rencor. No solo contra sus adversarios políticos, también contra los suyos, el rencor que le llevó a enfrentarse al partido del que era la figura más prometedora, a volver a las posiciones radicales de las que abominó para aterrizar en el PSOE del 82, y a un trasiego de denuncias y conspiraciones que han marcado su personalidad política y su vida hasta ahora. Es sorprendente que este inútil jaleo le lleve a medirse de nuevo con quien fuera su amigo Javier Abreu. Una de las personas que mejor le conocen. Uno de los pocos que –si se decide a hacerlo– podría pararle los pies.

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