Impermeables a la realidad

La política es el arte de explicar hoy lo que no se hizo ayer. Llevamos tiempo hablando del problema de la vivienda usando palabras tan rimbombantes como «emergencia habitacional». Para cualquiera con sentido común la solución más sencilla a que no haya casas es que se construyan. Pero en el Macondo público nada es sencillo. Más fácil que poner un bloque sobre otro es poner verbos y adjetivos. Cambiar las leyes, que son papel que van a dar a la mar, que es el morir.

Para 2030 España tendrá un déficit de viviendas superior al medio millón de unidades. Simplemente porque se debate pero no se construye. A pesar de que estamos hablando del alza disparatada de los alquileres, el precio de las viviendas, con respecto a la burbuja del año 2007, antes de la crisis del ladrillo, está casi un treinta por ciento por debajo. El problema es que no se construyen al ritmo que se demandan; que existen severas limitaciones al uso del suelo y que la media de las licencias de construcción está en dos años. Para estar en medio de una emergencia habitacional se lo toman con muchísima pachorra.

Para acabar con este tenderete hay que hacer más viviendas sociales. Liberar suelo urbanizable, construir vivienda pública y simplificar el más de medio centenar de procedimientos administrativos que caen como el plomo sobre los proyectos de construcción.

Pero estamos en otra. Porque nadie aprende de la historia. El mercado de la vivienda fue destruido en la dictadura de Franco con medidas absolutamente populistas. En la Ley de Arrendamienrtos Urbanos de 1964 se limitaron las subidas de precios de los inmuebles y se prescribió una prórroga forzosa que protegía a los inquilinos. Los dueños de viviendas, ante una intervención que lesionaba sus derechos, las retiraron del mercado del alquiler o las vendieron. No fue hasta 1985, con la nueva legislación en democracia, que se regresó a una regulación menos intervencionista. Ahora, paradojas de la vida y la política circular, se ha regresado al tóxico intervencionismo franquista.

Las nuevas normas sobre el alquiler, inspiradas en el mejor buenismo, beben en el populismo del régimen predemocrático. Limitan las subidas de precios, hiperprotegen al votante, digo al inquilino, y espantan del mercado a unos propietarios condenados a ganar menos de lo que podrían en un entorno de alta inflación. Un ejemplo del fracaso de la intervención pública es Barcelona, declarada zona tensionada, donde el año pasado cayó la oferta de vivienda en alquiler. Si la comparación se hace con el año 2019 la pérdida alcanzaría la escandalosa cifra del 40%. Cuando los políticos intentan manipular el mercado de la oferta y la demanda, los propietarios de pisos, ante la amenaza de la regulación, los retiran del mercado o se pasan al alquiler de temporada.

Con los nuevos sistemas de construcción es posible hacer casas en muy pocos meses. La enfermiza obsesión por resolver el problema de la vivienda a costa de los propietarios privados y sus derechos solo conduce a agravar el problema. Pero quienes nos gobiernan son impermeables a la realidad. Incluso de las cifras.

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