La equívoca bendición de los inmigrantes

¿Cuántos inmigrantes que han entrado ilegalmente en España piensa naturalizar Pedro Sánchez? Al parecer, a todos. El pasado 1 de enero vivían en España más de 9.370.000 personas nacidas en el extranjero, más o menos un 19% de la población, de las cuales 5.300.000 nacieron en un país no europeo. Las cifras certifican que España supone el cuarto país en número de inmigrantes del continente y el décimo del mundo. Unos 63.000 se han quedado en el país en 2024, un 12,5% más que el año anterior.

¿Cómo entran más de 60.000 personas en un año? No en cayuco o patera, naturalmente. Mayoritariamente lo hacen en avión y en más de la mitad de los casos proceden de Hispanoamérica y son mujeres con escasos, muy escasos ahorros para soportar las primeras semanas y un nivel de estudios básicos. Entran para no regresar y la primera ancla administrativa en España –incluida Canarias– es el empadronamiento, que no legaliza su situación, desde luego. Pero el volante de empadronamiento –que se concede casi automáticamente– te facilita solicitar ayudas escolares, acceso a determinados servicios sociales o comunitarios, obtención de descuentos en tarifas de transportes, participación en el reparto de alimentos. España es un país que –comparativamente al menos– trata bien a los inmigrantes. Recuerdo una sentencia del Tribunal Supremo de 2023 por la que avalaba que un extranjero mantenga un permiso de residencia temporal, aunque pase más de medio año fuera de España.

En España ya ha llegado el invierno demográfico. Canarias, concretamente, está recorriendo un otoño ya muy avanzado. Hemos perdido ya la tasa de reposición –2,1 hijos por mujer– o estamos a punto de hacerlo. En 2024 las defunciones de canarios superaron ya a los nacimientos. Y la tendencia es imparable. Es asombrosa la inactividad del Gobierno autonómico en esta materia, aunque en los vigentes presupuestos generales se han incorporado nada menos que 763 millones de euros para mitigar la situación. Un esfuerzo completamente insuficiente y que no puede ser asimilado a una política de natalidad que es, exactamente, lo que necesita imperiosamente la comunidad autónoma: desgravaciones, ayudas, desarrollo veloz de la construcción y dotación de escuelas infantiles. Mucho más popular es el discurso que sostiene que la inmigración, la legal y la irregular, se ha transformado en una suerte de bendición incondicional que no ha caído en suerte, emitiendo mensajes casi mesiánicos al respecto: desde eso de que los inmigrantes realizan los trabajos «que nosotros ya no queremos hacer» y que solo gracias a su aportación «se podrá sostener fiscalmente el Estado de Bienestar». Ambas afirmaciones bienaventuradas son falsas. Primero, los contingentes migratorios son demasiado escasos (aunque no lo parezca) para cubrir las necesidades de Europa, Norteamérica y las sociedades más avanzadas de Asia (incluida China, que ya está en una tasa de 1,8). Segundo, los migrantes disputan con una parte sustancial de las clases trabajadoras los empleos baratos. Tercero, no existe una disponibilidad ilimitada de trabajadores «ahí fuera». El crecimiento demográfico mundial se está desinflando rápidamente y alcanzara su pico entre 2050 y 2060 para luego, previsiblemente, caer a plomo. Y, por último, los inmigrantes –como nosotros– envejecen, enferman, tienen hijos, se jubilan. Son y deben ser tan beneficiarios del Estado de Bienestar –salud, educación, becas, prestaciones de desempleo, pensiones– como nosotros mismos. Y tal y como ha indicado el profesor Fernández Villaverde para horror de hiperestésicos ofendiditos, la baja cualificación académica y técnica de los inmigrantes obstaculiza estructuralmente el aumento de la productividad y la modernización del sistema económico. A partir de esta situación, y después de desmontar algunos mitos, tal vez no sea tan buena idea conceder la nacionalidad española o un permiso de vivienda ilimitado a millones de personas cada cinco años.

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