El peor curro posible

Lo he intentado de veras, pero no alcanzo a entender a aquellos a los que se les antoja perfectamente normal que la esposa del presidente del Gobierno español elija como espacio profesional la captación de fondos públicos y privados –fundraising se llama en la jerga– con destino a organizaciones del tercer sector, es decir, ONG y otras entidades sin ánimo de lucro. Doña Begoña comenzó estas actividades en 2012, como profesora en un curso de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. En 2014 estos cursos se transformaron en un máster, pero durante el lustro siguiente Gómez dio apenas quince horas de clase anuales. Solo después de que su marido, Pedro Sánchez, fue nombrado jefe del Gobierno, en 2019, Gómez ascendió a codirectora del máster y al año siguiente, a ser nombrada catedrática del mismo. Ciertamente carece de titulación universitaria, pero en ese tipo de máster no es inusual, en absoluto, dicha circunstancia, algo que se puede verificar en la actividad de la propia Universidad Complutense.

Por supuesto lo importante no es el nivel académico de Begoña Gómez, quien disfruta de la facilidad de palabra de un afásico, ni las modestas cantidades que ha percibido como catedrática (en fin) del máster dichoso. Lo importante –y por supuesto lo asombroso– es que nadie, empezando por la señora Gómez y su marido, reparara en que la captación de fondos de grandes bancos y grupos empresariales es una actividad que jamás debería practicar la esposa de un presidente del Gobierno, porque es una situación inmejorable para que produzcan conflictos de intereses, sospechas de influencias y amiguismos, solapamientos intranquilizadores y contaminación de la institución misma de la Presidencia del Gobierno. La señora Gómez debió dimitir como codirectora de máster en 2019 y redirigir su actividad profesional a otros espacios que no comprometieran la imagen de su esposo y del Gobierno que preside. A algunos les puede parecer muy duro, pero es lo que demanda política e institucionalmente la condición de esposa del presidente. El trabajo de una funcionaria técnica de Hacienda o de una profesora de Enseñanzas Medias –profesiones de dos de sus antecesoras– no supone ningún riesgo reputacional o potencial de conflictos de intereses con la labor de un jefe de Gobierno.

La consideración política y los límites legales de la esposa o el marido de la persona que preside del Consejo de Ministros no está debidamente protocolizada después de más de 45 años de democracia constitucional. El llamado caso Begoña Gómez es la peor consecuencia de esta necia desidia. Es lo suficientemente grave y delicado que la esposa del presidente le esté pidiendo perras a tal o cual banco, aseguradora o empresa como para que se investigue judicialmente si existen indicios sólidos de delitos, les guste a unos o a otros más o menos la instrucción del juez. Por el momento, el último auto de la Audiencia Provincial de Madrid, en respuesta a los abogados de Gómez, apuesta que a nivel indiciario las actuaciones practicadas revelan que su clienta «desplegó distintas acciones a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posesión privilegiada en un sector novedoso». No es necesario agitar el pútrido fantasma de Air Europa ni vinculaciones mafiosas –directas o indirectas– con aldamas y otras ratas de alcantarilla. Es lo segundo que no entienden los que sostienen una y otra vez la tesis de la conspiración criminal contra Gómez y su marido enamorado. Si tu marido es el presidente del Gobierno, no puedes tener una posición profesional –y prosperar en ella– financiando tu máster con fondos de empresas del IBEX 35. No puedes ni debes y te pones inmediatamente bajo sospecha. Quien no le ve y comprende de inmediato, simplemente, es que no quiere ni verlo ni comprenderlo.

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