Humo de tramoya cultural

En marzo de 2023 fue publicada en el BOC la llamada ley del Sistema Público de la Cultura de Canarias, que pocos días antes había sido aprobada en el Parlamento por unanimidad – ni no recuerdo mal -- de todos los grupos. Esta normativa, uno de los fiascos legislativos más obvios de los que se han promulgado en Canarias, fue presentada como un verdadero hito, un triunfo titánico del supuesto progresismo representado por el entonces viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, quien llegó el día de autos a la Cámara regional como Jesús entrando en Jerusalem, sin excluir los asnos y las gallinas. No voy a detenerme sobre los oscuros tejemanejes de Márquez y su gente en los orígenes de semejante adefesio, en los rumores sobre un encargo a un bufete de abogados peninsular o en la participación tutelar de un gaznápiro que acaba de salir de una oficina pública por la ventana y que lleva viviendo del cuento cultureta y de su marketing media vida. Tampoco del selectivo espíritu de diálogo con el sector cultural de la que hizo gala el viceconsejero, para el que siempre estuvo claro la gente con la que había que hablar y la gente a lo que no se debería escuchar, una de las claves del sudapollismo ilustrado. Lo que me pasma de la ley es su profunda insignificancia, su casi vocacional irrelevancia, su ridículo y muy poco jurídico bienquedismo.

Da lo mismo las secciones y artículos que se consulten. Son todos un derroche de palabrería. A ver, al azar. En la sección 2, artículo 2. “Las administraciones públicas y los organismos y entes del sector público integrados en el sistema público de cultura (sic) de Canarias deberán conducirse en su funcionamiento por los principio de eficacia y eficiencia en la gestión”. Respecto a la eficacia, “las actuaciones y los proyectos compartidos deberán valerse de los medios y procedimientos más adecuados para conseguir los objetivos y resultados pretendidos”. Las administraciones públicas, por tanto, no podrán establecer como principios operativos ni la ineficacia ni la ineficiencia y para desarrollar sus objetivos no podrán utilizar (maldita sea) procedimientos inadecuados. En el mismo artículo se asevera, con la misma pomposa charlatanería, que el sector público de cultura (sic) “ajustarán su funcionamiento al principio de servicio a la ciudadanía”. No como la política agrícola, la política industrial o la energética, que están al servicio de las potas en salsa o del Mossad. La ley no crea ninguna estructura jurídica. Es un artefacto hueco rellenado con una plúmbea – y a ratos cargante-- prosa desiderativa. Entre sus ocurrencias más bobaliconas está la creación de Consejo Canario de Cultura, que entre otras bellezas, debe “velar por el desarrollo de la actividad cultural en Canarias”, el seguimiento de un fantasioso eructo intervencionista llamado Marco de Acción Estratégica de la Cultura, todo con mayúsculas, asesoramientos varios, elaboración de informes sobre gasto presupuestario. Todo reuniéndose cada seis meses y, por supuesto, gratis.

Esta semana, al cabo de dos años, y después de varias prórrogas, el Parlamento canario designó a los integrantes del Consejo Canario de Cultura. El pleno se limitó a votarlo a toda prisa sin ninguna intervención valorativa por parte de los grupos políticos. Fue exactamente como un manotazo hastiado para apartar a una mosca moribunda, Del Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura, otro de los aristrancos contemplados en la ley de Márquez, nadie sabe absolutamente nada. Simplemente todo esto es una gran estafa. Una nadería sin ningún impacto en las políticas culturales que se practican en Canarias ni en la colaboración entre las administraciones. Un patético quiero y no puedo. Un engaño de humo de tramoya a la ciudadanía, a los gestores culturales y a los creadores, a todos y cada uno de nosotros.

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