Opinión | A babor
El valor de lo correcto

Infografía del proyecto turístico Cuna del Alma, en Adeje / El Día
No es habitual sancionar a los de uno. Menos aún que se haga con contundencia, sin rodeos y en tres frentes distintos. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido: la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, que dirige Miguel Ángel Clavijo, ha tramitado y formalizado tres expedientes sancionadores por infracciones graves contra el patrimonio arqueológico, con multas que suman más de 600.000 euros. Las sanciones afectan a una empresa privada –Cuna del Alma–, y a un Cabildo y un ayuntamiento gobernados por Coalición Canaria, el partido al que pertenece Clavijo.
En un país donde los vínculos familiares y políticos suelen usarse como escudo ante la responsabilidad pública, estas tres sanciones resultan llamativas. Clavijo no es un chiflado, un outsider o un ningundi con ganas de provocar: es profesor de Historia en la Universidad de La Laguna, ya fue director general de Patrimonio en el anterior gobierno de Coalición, que –entonces y ahora– preside su sobrino. Su jefa directa, la consejera de Universidades, Cultura y Patrimonio, es Migdalia Machín, también de Coalición. Bajo el mandato de ambos, la Dirección General ha sancionado a la empresa promotora de Cuna del Alma, al Cabildo de Tenerife –gobernado por Coalición– y al Ayuntamiento de Tinajo, cuyo alcalde es, casualmente, padre de la propia consejera.
El caso más conocido es sin duda Cuna del Alma, una urbanización de lujo en el Puertito de Adeje. Las obras, iniciadas sin la adecuada supervisión arqueológica, destruyeron estructuras indígenas de piedra seca, restos de industria lítica en obsidiana y basalto, fragmentos cerámicos y vestigios de fauna. La zona afectada, de alta potencialidad arqueológica, había sido señalada para futuras excavaciones sistemáticas. Además, la promotora ignoró la suspensión cautelar de las obras dictada por el Cabildo, permitiendo que maquinaria pesada continuara trabajando impunemente sobre un yacimiento catalogado. La primera sanción, por una infracción muy grave, había caducado en agosto de 2023, justo al inicio de la legislatura. Clavijo reactivó el procedimiento, ordenó nuevas inspecciones y concluyó el expediente con una multa de 229.500 euros.
En Arico, el Cabildo de Tenerife –a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables– fue sancionado con 304.500 euros por los daños causados al yacimiento arqueológico de Morra Meca durante las obras de una planta fotovoltaica. El expediente técnico es demoledor: las tareas de desmonte y remoción de tierras destruyeron casi dos mil metros cuadrados del conjunto arqueológico, afectando eras tradicionales, bancales y estructuras guanches. Todo se hizo sin supervisión arqueológica, sin seguimiento técnico y con uso de maquinaria pesada sobre bienes patrimoniales catalogados. Morra Meca es uno de los talleres líticos más importantes del sur de la isla, con abundante material de obsidiana y vestigios que apuntan a un asentamiento aborigen permanente. El ITER omitió su deber de conservación y permitió una destrucción irreversible del lugar.
En Lanzarote, la sanción de 76.500 euros al Ayuntamiento de Tinajo es fruto de una licencia de obras para reformar una vivienda catalogada. El inmueble, representativo de la arquitectura rural de la isla, sufrió una intervención que demolió partes de la vivienda, eliminó enfoscados de cal, abrió vanos y recreció muros, alterando la fisonomía original del sitio. La licencia contravino las disposiciones del Plan General de Ordenación y del catálogo arquitectónico vigente. El alcalde –padre de la jefa de Clavijo– recurrió la sanción alegando que sus técnicos consideraban innecesaria la autorización de Patrimonio. No creo que esté muy contento, pero el daño patrimonial ya está hecho y es irreversible.
El denominador común de los dos últimos casos es que se trata de infracciones graves con impacto directo sobre bienes culturales protegidos, y sus responsables están directamente ligados al Gobierno que los sanciona. No es poca cosa. Y no es nada frecuente. En otros tiempos, lo esperable habría sido mirar hacia otro lado, dejar caducar los expedientes –ya ocurrió en Cuna del Alma–, rebajar las sanciones, contemporizar con amigos y familiares.
Y aquí ha ocurrido justo lo contrario: inspecciones, informes técnicos, procedimientos con garantías y resoluciones claras. No se ha actuado por impulso o por revancha. Se ha hecho –y es eso lo que sorprende– justo lo que marca la ley. Celebrarlo no es ingenuidad. Es también exigir que se repita. Las administraciones públicas, si quieren ganarse la confianza de la gente, tienen que actuar así: basta ya de discursos de regeneración, o de leyes draconianas que luego no se aplican. La credibilidad institucional se gana en el detalle: en no esconder la basura cuando el que empuerca el mundo es de los nuestros.
Clavijo tío y sus funcionarios han demostrado que se puede hacer lo correcto incluso cuando resulta incómodo. Y lo han hecho en un ámbito, el del patrimonio cultural, en el que la protección real suele depender más del activismo que del buen gobierno. Esta vez la política ha respondido. Ojalá no sea la excepción. Ojalá pronto no haga falta aplaudir lo que debería ser simplemente normal.
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