Y sigue el bacilón

Recuerdo que desde julio de 2019, nada más llegar al poder, una de las argucias retoricas del PSOE fue describir a los coalicioneros como patéticos llorones que acusaban al Gobierno central de todos los males imaginarios frente al único real, la mala gestión de los nacionalistas. Lo hicieron durante toda la legislatura. Llegaron a denunciar que CC hacía del enfrentamiento con Madrid su principal instrumento político. “Solo saben vivir en el enfrentamiento continuo, en la bronca cotidiana”, sentenciaba con su voz de tango aguardentoso Nira Fierro pleno tras pleno. Era un espectáculo verbal alucinatorio. Mientras en Madrid Pedro Sánchez negociaba investiduras, presupuestos y leyes con fuerzas independentistas que se presentaban como comprometidas con la destrucción del orden constitucional y la desarticulación territorial del Estado –comandadas algunas por líderes condenados por el Tribunal Supremo por impulsar una asonada en Cataluña -- aquí los dirigentes socialistas cacareaban sobre el extremismo pedigüeño, ruin y destructivo de Clavijo y sus compañeros. Sanchismo puro y duro. Y el sanchismo es una praxis política bastante goda en la bendita tierra ultraperiférica.

Es radicalmente falso que el PP se haya portado peor con Canarias que el PSOE. Y viceversa. Tanto los gobiernos socialdemócratas como los conservadores han sido sistemáticamente pichirres y comineros con las demandas del paisito atlántico. Y su pichirrismo – que por supuesto ha registrado excepciones – está directamente relacionado con el modesto peso relativo que tiene Canarias demográfica y económicamente en el conjunto de España y en la debilidad político-electoral del nacionalismo. El PSOE y el PP no se han preocupado de diseñar un proyecto político para Canarias. Simplemente porque su proyecto político –legítimamente --es España. Funcionan aproximadamente como franquicias con suspiro de patria chica. Los proyectos políticos de las organizaciones nacionalistas (CC, Nueva Canarias, incluso Drago) son más autónomos y coherentes con las premisas que impone la puñetera realidad insular, merezcan el rechazo o el aplauso de los ciudadanos, esté mejor o peor estructurados.

La transferencia de las competencias de costas está en el Tribunal Constitucional hace más de un año, simplemente, porque el Gobierno central pretende seguir arrogándose de facto el otorgamiento de algunas autorizaciones y concesiones. Las competencias de Costas –según el Estatuto de Autonomía de 2018 – son exclusivas, pero el Gobierno socialista no cede. Precisamente la ley de Costas promulgada en el mandato de Mariano Rajoy fue llevada igualmente por el Ejecutivo canario al Constitucional. Como (¿lo recuerdan?) el Convenio de Carreteras se llevó al Supremo. Madrid, asimismo, ha permitido que la red que distribuye la energía eléctrica envejezca entre parches y tiritas y aun hoy se les debe arrastrar para que liciten de una puñetera vez los concursos para nuevas plantas de producción y almacenamiento antes de irnos al cero en Tenerife, Gran Canaria o Fuertentura durante días y semanas. En la crisis volcánica de La Palma ha llegado el 50% del dinero prometido por la romería de ministros, secretarios de Estado, directores generales y diputados que visitaron la isla. En las Cortes se rechaza siquiera debatir el limitar la compra de viviendas para extranjeros. Y semanas después de aprobarse la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería sigue sin activarse el traslado de los migrantes menores –cerca de 6.000 en Canarias -- a otras comunidades autónoma. Se niegan y si se niegan –vaua por Dios—la ministra Sira Rego no puede hacer nada. Pronto, con las calmas, llegaran cientos de niños en patera por el peligroso mar de la esperanza. Les importa un carajo. Vengan a Canarias, pibes, pero no se queden, porque corren el hediondo riesgo de acostumbrarse a ser vacilados, burlados y preteridos hasta el infinito.

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