De la democracia a la tiranía: el poder controlado o controlador

La primera Constitución de la Historia que se promulgó fue la de los Estados Unidos de América. Más allá de sus concretos preceptos, lo trascendental del movimiento constitucionalista que originó radica en los principios y valores que la sustentan, que se pueden resumir en uno: la defensa de la libertad del ciudadano frente al poder. A decir verdad, un sistema inspirado en estas ideas nace siempre de dos grandes objetivos: controlar y limitar al poder y garantizar derechos y libertades al pueblo. Sin embargo, ahora asistimos a una grave involución, donde la esencia de ese modelo se desnaturaliza para avanzar justo en sentido contrario: el poder, cada vez más ilimitado y los derechos, cada vez más restringidos.

Bajo el espejismo de la legitimidad otorgada por las mayorías en las urnas, se pretende justificar una serie de medidas que, objetivamente, no pueden tener cabida en un sistema constitucionalista. Los denominados «Padres Fundadores» de los EE.UU. temían la tiranía de tales mayorías y, por ello, diseñaron una Constitución destinada a «gobernar al Estado» más que a la gente. De hecho, por ese miedo a los abusos derivados de las citadas mayorías, la palabra «democracia» no fue utilizada en la Declaración de Independencia ni en la Constitución norteamericana.

Como en aquella época (finales del siglo XVIII) se venía de la opresión del absolutismo, la obsesión estribaba en controlar y limitar al poder. Se analizaba a los gobernantes con recelo, ante la posibilidad de que ejercieran sus potestades para ir en contra de los derechos y libertades de los individuos. Ante ese escenario, la Constitución fue redactada para promover la causa, no tanto de la democracia, como de la libertad. Con ello no quiero decir en absoluto que los orígenes del Constitucionalismo renieguen de la democracia, sino que tenían claro que el poder emanado de las urnas había de ser vigilado y controlado, pues también podía representar una amenaza.

Parece que esa cautela de vigilar al poder se ha perdido. Los Gobiernos formados tras procesos electorales democráticos aglutinan mayores dosis de poder, y sus límites y controles se van reduciendo poco a poco, afectando al alma del sistema: la libertad. Tal proceso comienza siempre de la misma forma: imponiendo un pensamiento único y atacando a las instituciones que propugnan otro pensamiento distinto. Se percibe con claridad, por ejemplo, en el actual Gobierno de Donald Trump, cuando ataca a las Universidades y a los medios de comunicación que difunden ideas contrarias a las que trata de imponer desde la Casa Blanca.

Kendall Kennedy, profesor de Derecho y codirector del Consejo de Libertad Académica de Harvard, manifiesta: «Lo que está pasando en Harvard, en Columbia y otras universidades no tiene precedentes en la historia de EE.UU. Lo que busca el Gobierno es la subordinación, el sometimiento, y eso es terrible y hay que resistirse». Trump ansía controlar la libertad académica y, con ella, la libertad en sí y, al no lograr que Harvard se someta dócilmente a sus políticas, le niega fondos federales y le cancela becas y programas de investigación. Circunstancia similar ocurre con la prensa, instaurando ya protocolos en los que el Gobierno determina qué medios de comunicación cuentan con acceso a la Casa Blanca y quiénes pueden formular preguntas al Presidente. Sólo un tirano actúa de ese modo, por mucho que haya recibido más de setenta y siete millones de votos en unos comicios.

Es en este contexto donde se justifica el recelo a las mayorías y la necesidad de que, por muy legítimas y democráticas que sean, estén limitadas y controladas. La tensión entre poder y libertad no representa ninguna novedad. Ciertamente, existe desde los inicios del Constitucionalismo. Por continuar con el caso estadounidense, aunque ahora cueste creerlo la Ley de Sedición de 1918 impuso sanciones por proferir expresiones contra el Gobierno. No cabe mayor contradicción para una sociedad autodenominada democrática y constitucionalista.

No obstante, no se trata de un problema exclusivamente americano. Bien al contrario, los peligros del poder, incluso el obtenido por medios democráticos, afectan a cualquier parte del mundo, como se refleja en ejemplos de numerosos países, incluido el nuestro. En todos ellos, la primera señal que debe alarmarnos en cuanto a los desmanes de un poder que aspira a controlar en lugar de a ser controlado consiste en la afectación de los espacios destinados a la libre expresión de ideas, opiniones e información, para sustituirlos por otros sustentados sobre la imposición de un pensamiento único.

No hay duda de que esa libertad de expresión y de difusión de ideas puede derivar en la divulgación de postulados que no nos gusten. El magistrado Jackson, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, afirmó en una famosa frase: «El precio de la libertad de expresión es aguantar una gran cantidad de basura». Pero constituye un riesgo que se debe admitir para no dejar la puerta abierta a la proliferación de censuras usadas como pretexto para defender ideas antagónicas, sin perjuicio de que la misma libertad que posibilita la difusión de esa idea calificada como retrógrada u ofensiva sea la vía para la también difusión y defensa de la idea contraria, dentro de una sociedad democráticamente madura que habrá de optar por acoger una u otra.

Frente a estas amenazas, se abren en estos momentos dos únicas vías para contrarrestar semejantes impulsos propios del poder: los jueces y la ciudadanía misma. Ahora bien, para que resulten efectivos se ha de vigilar también intensamente la independencia e imparcialidad de los primeros y el nivel de información y formación de la segunda.

Sea como fuere, urge retornar a los orígenes y recordar los objetivos iniciales: controlar y limitar al poder y garantizar derechos y libertades al pueblo. Si nos paramos a pensar, en la actualidad el poder se halla cada vez menos controlado y limitado, y nuestros derechos y libertades, cada vez más amenazados. Por lo tanto, no estamos yendo por el buen camino.