Responsabilidad de nadie

A veces uno se pregunta para qué sirve un Parlamento regional. La respuesta, al menos en Canarias, es clara: para organizar comisiones de investigación que no investigan nada, escuchar comparecencias que no dicen nada y firmar conclusiones que no cambian nada. Un ejercicio de ilusionismo con cargo al presupuesto.

La comisión de investigación del Parlamento regional que intenta dilucidar quién embarró las compras sanitarias durante la pandemia –¡22 millones de euros en contratos irregulares!– lleva ya diez meses de comparecencias sin que asome un solo responsable. Lo que empezó como una oportunidad para aclarar qué ocurrió con el dinero público se ha convertido en una coreografía de silencios, espantadas, memorias frágiles y abogados aconsejando no declarar. Parece que todo el esfuerzo de encuentros y reuniones está abocado a concluir que la Comisión no logra aclarar nada, se la pasa escuchando comparecencias cínicas y el eco de los silencios de los que mandaban.

Pero –a pesar de la nulidad formal de las declaraciones y del catálogo de evasivas– la comisión permite, al menos, detectar un detalle extraordinariamente importante, del que nadie parece interesado en hablar en voz alta: todo lo que pasó ocurrió precisamente porque se crearon intencionadamente las condiciones para que pasara. Las compras no se decidieron en el limbo. Se cerraron en un contexto político muy concreto, por cargos intermedios elegidos a dedo, con estructuras infladas de confianza y obediencia, no de competencia o voluntad de control. Y eso –al margen de si alguien en la administración se quedó o no con la pasta– sí tiene responsables con nombres y apellidos. Porque alguien nombró a los que firmaron. Alguien dio poder a quienes se dedicaron a repartir contratos con criterios tan difusos como sus explicaciones actuales. Y ese alguien fue el presidente del Gobierno del pacto de las flores, el hoy ministro Torres, el hombre que –como Pedro– lo negó todo tres veces: conocer a las personas interesadas en vender al Gobierno mascarillas y Epis, haberse reunido con ellas, y haberles facilitado las compras y su posterior cobro. Hay que ser bastante idiota, pero tonto de la caja del agua, para no ver que en esta concreta historia de las compras fraudulentas había una metodología, un mecanismo bien afinado y una mano que mecía la cuna. Ahora, con una desvergüenza que debería indignar hasta al más apático de los ciudadanos, nos quieren hacer creer que todo fue cosa de una funcionaria, Ana María Pérez, que manejó 90 millones en plena pandemia sin que nadie del Servicio Canario de Salud, ni de Sanidad, ni de Hacienda, tuviera nada que decir, controlar o vigilar. A la señora Pérez deberían ponerle una estatua frente al Edificio de Usos Múltiples: ¡Qué extraordinaria eficiencia la suya! Gastarse casi cien kilos sin recibir una sola instrucción de nadie. Y qué conveniente para los que le endosan toda la responsabilidad, como si hubiese caído por una trampilla abierta, directamente desde Marte, al departamento de autorizar compras públicas…

No se nombran directores generales ni responsables económicos por sorteo. No se reparten funciones claves a dedo sin saber a quién se nombra. Si colocas en un puesto de gestión a un amigo del partido, a un cargo sin experiencia o a un funcionario obediente dispuesto a firmar sin rechistar, la responsabilidad de lo que suceda es de quien nombra. Si el tipo te sale rana, no cuela lavarse las manos como un Pilatos versión tecnócrata. En la Comisión se ha presenciado un descarado ensayo general de la irresponsabilidad institucional. Nadie asume una higa. Los comparecientes del anterior Gobierno se comportan como si las decisiones se tomaran por IA, sin concurso humano. Nadie recuerda, nadie preguntó, nadie supo. Y aún más surrealista: en el corro cotilla que es por definición la administración pública, todos aseguran no haber sentido ninguna curiosidad por saber quién compraba mascarillas, ni en qué condiciones, ni a qué precios.

Dicen los socialistas que estamos ante una «comisión de suposición», no de investigación. Ningún alto cargo está imputado, así que todo en orden. La justicia penal es hoy el único termómetro ético del poder. El resto da igual. Y, sin embargo, el resto no es baladí: ¿Dónde están las mascarillas destruidas que nadie vio nunca? ¿Quién renegoció los contratos fallidos sin consecuencias? ¿Por qué se dieron exclusivas millonarias a empresas amigas sin expediente alguno? ¿Por qué los empresarios que ofrecieron mejores precios fueron descaradamente ignorados? No hay respuesta.

En fin, bienvenidos a Canarias, la tierra donde la responsabilidad política se subcontrata. Donde los nombramientos los hace el Gobierno, y las culpas se las lleva la última pringada de la fila. La responsabilidad muere siempre antes de llegar al jefe.

Suscríbete para seguir leyendo