La utilidad de incordiar

La mayoría de los informes anuales que aterrizan en el Parlamento suelen provocar dos tipos de reacciones: el bostezo parlamentario o alguna rutinaria nota de prensa. El informe de 2024 intenta otra cosa: servir de espejo incómodo y propositivo, señalar las fallas estructurales del sistema y dejar sobre la mesa un mensaje claro y difícil de ignorar: las instituciones regionales están empobreciendo a los canarios más vulnerables. La frase es de la propia Padrón. Y no es una hipérbole, sino una constatación. La nuestra es una administración que no funciona, que responde tarde o directamente no responde nunca, que convierte el acceso a derechos básicos en una carrera de obstáculos.

Desde su fundación y durante años, la Diputación del Común fue un sitio al que iban a jubilarse con parsimonia algunos de los que alguna vez fueron alguien. Un cementerio de elegantes, un balneario institucional para viejas glorias políticas. No es que no se hiciera nada, se recibían quejas, se mandaban oficios, se hacía un informe anual, y al año siguiente más de lo mismo. La utilidad social práctica del invento –una copia local del Defensor del Pueblo– era bastante discutible, y el impacto escaso, aunque es verdad que al menos alguien te atendía cuando ya no te atendía nadie. Y eso era un consuelo para mucha gente.

Algo cambió con Rafael Yanes. Con él, la institución dejó de ser un refugio para gente habituada al protocolo, y se convirtió en una suerte de conciencia incómoda para el poder. Pocos cargos se habían atrevido a denunciar con tanta claridad la gestión desastrosa de la dependencia, nadie antes había abordado con contundencia la vergüenza de la atención a los menores migrantes. Con Yanes, la Diputación del Común empezó a parecerse a lo que debería ser: una herramienta de control institucional que sirve a los ciudadanos, no a los partidos. Ni siquiera al partido que propuso al Diputado del Común. Lola Padrón, la actual Diputada, ha recogido el testigo de Yanes con entusiasmo y solvencia. Esta semana presentó el informe anual de 2024 en el Parlamento, y lo hizo con algo que suele escasear en la vida pública: claridad y propósito. Su frase más rotunda durante la presentación del informe rezuma verdad: «Las instituciones están empobreciendo a los canarios más vulnerables». Es una acusación directa y justa. Porque no se trata solo de cuántos se quejan –3.200 personas, casi un nueve por ciento más que el año anterior– sino de qué es lo que dicen esas quejas y qué retrato pintan de nuestra administración.

Se trata de un retrato nada halagador. El área con más quejas es discapacidad, con un aumento que duplica las quejas del año anterior. Más de 600 personas esperando durante años una valoración que, por ley, no debería tardar más de seis meses. En Tenerife y Gran Canaria, alguna espera supera los cinco años. No estamos hablando solo de papeleo: estamos hablando de derechos, de familias que no pueden acceder a ayudas, ni a tarjetas, ni a apoyos escolares, ni a residencias, simplemente porque el sistema no funciona. Eso es desprecio institucional con membrete.

Padrón no se ha limitado al lamento: anunció un informe específico para proponer medidas concretas, reforzar las unidades de valoración, prestar atención a los casos urgentes, actuar ya. Porque el problema no es solo consecuencia de la falta de personal, es fruto de la descoordinación, la inercia burocrática y la ausencia de liderazgo político. Lo que falla es el sistema, el informe lo deja bien claro.

También en materia de vivienda, con casi dos centenares de quejas que resumen el desastre: viviendas de protección oficial inaccesibles, desahucios sin alternativas, alquileres «sociales» a precio de mercado y un caos monumental entre Icavi y Visocan, dos institutos para hacer lo mismo, donde uno gestiona y el otro cobra, sin que nadie entienda por qué hacen falta dos. Padrón lo denuncia sin circunloquios: hay contribuciones y subidas de alquiler que no tienen justificación, y la Diputación trabaja ya en una resolución para poner orden. No se puede hablar de vivienda pública mientras se cobra como si fuera privada.

Lo interesante del enfoque es que –sin salir del marco institucional– la Diputación del Común se está convirtiendo en una oficina de exigencia democrática, librando una silenciosa batalla contra la irrelevancia. Conviene no perder de vista lo que lleva ocurriendo desde hace algunos años ahí. Se traducen las quejas en propuestas, informes específicos, llamadas de atención al legislador. Mientras otras instancias se enredan en excusas o titulares, la Diputación hace su trabajo con discreción, pero con una profundidad que incordia. Y eso no es malo. En tiempos de institucionalismo decorativo y propaganda masiva y nauseabunda, contar con una entidad que señala lo que no funciona es mucho más útil que tuitear eslóganes o firmar manifiestos.

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